La sentencia del Tribunal Supremo da la razón a Ecologistas en Acción, que solicitaban devolver el terreno protegido de Valdecañas a su estado inicial. Algo que implica la demolición total del complejo.
Desde la organización están satisfechos con el fallo. Aseguran que no van en contra de los propietarios de las viviendas de la urbanización y que sólo defienden la ley.
El fallo del Supremo "nos parece como se suele decir vulgarmente un guantazo en toda la cara y con la mano abierta a la Junta de Extremadura", comenta Ángel García Calle, coordinador de Ecologistas en Acción en la región.
"La responsable es la Junta"
Por eso no entienden que los señalen a ellos como responsables de una situación que provocó la Junta al saltarse la ley urbanística. En este sentido, exigen responsabilidades políticas que, destacan, nadie ha asumido por "este fiasco".
Sobre el posible impacto medioambiental de la demolición total del Valdecañas no están preocupados. "Va a ser 29 veces inferior al impacto que supone la vida útil de la urbanización", concluye García Calle.
"La isla no tenía ningún valor ambiental"
Distinta es la valoración de la sentencia de los propietarios de Valdecañas. Su abogado, Luis Díaz-Ambrona, sostiene que la sentencia no rebate con suficiente solidez el impacto medioambiental de la demolición de todo el complejo.
"El devolver la isla de Valdecañas al estado primitivo desde el punto de vista medioambiental era absurdo, porque la isla en aquel entonces no tenía ningún valor ambiental", señala Díaz-Ambrona. Para ello se basa en un informe de la Estación Biológica de Doñana, que analizó este aspecto.
¿Tribunal viciado?
El abogado apunta además que están estudiando un posible incidente de nulidad de la sentencia, por participar en el tribunal dos magistrados que ya actuaron en este mismo proceso en instancias inferiores. "Creemos que la composición del tribunal estaría viciada por la presencia de esos dos magistrados, que son incompatibles para intervenir en la resolución de este recurso", esgrime.
Aparte de este posible incidente de nulidad, los propietarios estudian ahora si recurrir en amparo al Tribunal Constitucional. Tendrían 30 días para hacerlo. No descartan tampoco llevar el caso al Tribunal de Justicia de la Unión Europea, para lo que dispondrían de más tiempo, cuatro meses.
El Supremo considera que Valdecañas debe ser derribada pese al coste de hacerlo
