Dehesa extremeña
El Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJEx) ha ratificado la sanción de 240.000 euros impuesta por la Junta a un propietario agrario que provocó la destrucción de una dehesa en un espacio Red Natura 2000, declarada como Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA) y como Zona Especial de Conservación (ZEC), según ha informado SEO/BirdLife.
En enero de 2017, la organización ambiental denunció ante la Junta de Extremadura al propietario de una gran finca de la provincia de Badajoz por haber transformado más de 400 hectáreas de dehesas en un cultivo intensivo de frutales, dentro de un espacio protegido por la Red Natura 2000 y haberlo hecho "sin ningún tipo de autorización ambiental".
La investigación realizada por la Junta puso en evidencia que se había afectado a casi 500 hectáreas de dehesas protegidas y cientos de encinas de gran porte, con un proyecto de cambio de uso agrario "sin declaración de impacto ambiental favorable".
Esto suponía una infracción "muy grave" de la Ley de Protección Ambiental de Extremadura, de modo que fue sancionado con 240.000 euros de multa y con la obligación de restaurar el daño ambiental ocasionado, recoge en una nota de prensa.
El propietario interpuso una demanda ante el TSJEx contra la Consejería para la Transición Ecológica y Sostenibilidad por la sanción pecuniaria impuesta, la cual ha sido ratificada por el alto tribunal extremeño. Este reafirma en su sentencia "la legalidad y pertinencia de la misma y la obligación de reparar el daño causado en los ecosistemas naturales, dando así la razón a la administración y a SEO/BirdLife".
El caso ha sido "especialmente grave" al haber afectado a una dehesa protegida por la Red Natura 2000, declarada como Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA) y como Zona Especial de Conservación (ZEC) Dehesas del Ruecas, Cubilar y Moheda Alta.
Un espacio, ha recalcado, declarado precisamente para proteger estas dehesas de la zona central de Extremadura y las importantes poblaciones de aves que se refugian en ellas, como la grulla común, una especie migratoria que depende de estas dehesas para su invernada en Extremadura, la región europea que concentra más ejemplares en ese periodo.
La acción legal en este caso se ha realizado en el marco del proyecto LIFE, Guardianes de la Naturaleza, contra el Crimen Ambiental, financiado por el programa LIFE de la Unión Europea. Este proyecto pretende mejorar la efectividad y la eficacia de las acciones dirigidas a combatir los delitos e infracciones contra la naturaleza.
