La Asamblea de Extremadura vive un nuevo enfrentamiento político a raíz del proyecto de ley de medidas fiscales. La fijación del calendario de tramitación ha generado polémica, ya que PSOE y Unidas por Extremadura denuncian que PP y Vox han pactado acelerar el proceso, impidiendo la comparecencia de expertos y la posibilidad de introducir enmiendas.
Desde la oposición, la portavoz de Unidas por Extremadura, Irene de Miguel, ha criticado que la estrategia del gobierno regional es evitar cualquier modificación: "Sabíamos que no iban a aprobar ninguna enmienda porque el acuerdo es entre ellos dos y no van a dejar que nadie más haga ninguna aportación".
Por su parte, la diputada socialista Piedad Álvarez ha denunciado que PP y Vox tienen "prisa por ocultar la segunda parte del pacto de la vergüenza", asegurando que están decidiendo el futuro de Extremadura sin permitir el debate.
En respuesta, el portavoz del PP, José Ángel Sánchez Juliá, ha defendido que el procedimiento es completamente legal y está fijado en el reglamento de la cámara. Según ha explicado, el objetivo es que los extremeños puedan beneficiarse de la bajada de impuestos a partir del 27 de marzo, siguiendo el calendario establecido por el gobierno de María Guardiola.
