Esta tarde se reúne el Observatorio de la Cadena Alimentaria, con organizaciones agrarias y cooperativas junto a la industria y los supermercados. Aseguran que este órgano no está controlando los precios en origen y destino.
Una de las principales reivindicaciones de agricultores y ganaderos es la exigencia de obtener un precio justo por sus productos. Y eso es lo que trata de asegurar la Ley de la Cadena Alimentaria. Su primera versión se aprobó en 2013 para garantizar una relación más equitativa entre todos los operadores de esa cadena, desde los productores hasta el consumidor final, pasando por la industria, la distribución y los puntos de venta.
Pero el sistema no estaba funcionando como se esperaba. En 2021 se acometió una profunda reforma. Incluyó la prohibición de venta a pérdidas y también de los productos "reclamo" en las promociones comerciales y el endurecimiento y la publicidad de las sanciones. Sin embargo, la norma no acaba de ser totalmente efectiva.
La Agencia de Información y Control Alimentarios, AICA, supervisa el cumpliento de la Ley de la Cadena Alimentaria. Desde enero de 2023 ha impuesto más de 641 mil euros en multas a las empresas que cometen irregularidades. 195 sanciones en total que en su mayoría no superan los 2.000 euros.
Por ello, el sector agrario pide aún más contundencia con las multas, pues creen que las cuantías son insignificantes para los grandes grupos de la distribución. Una de las sanciones más altas hasta ahora han sido los cerca de 40.000 euros impuestos a Alcampo por su resistencia, obstrucción, excusa o negativa a las actuaciones de la Administración.
Además, los motivos de las sanciones son, en su mayoría, por incumpliento de los plazos de pago, por no formalizar por escrito los contratos o por no incluir en ellos algunos datos obligatorios. Pero aún no se ha registrado ninguna sanción por la venta a pérdidas, que es el caballo de batalla del sector primario.
El refuerzo de las inspecciones es, por lo tanto, otra de las reclamaciones del campo, al igual que la publicación y actualización por parte de las comunidades autónomas de costes de producción de referencia, que ayudarían a los agricultores a la hora de cerrar la venta de sus productos.
