Novedades en el caso del presunto intento de compraventa de un bebé. Ya ha recibido el alta médica la joven de 28 años que en la madrugada del martes daba a luz en el Hospital de Don Benito-Villanueva, y en estos momentos presta declaración ante la policía en la comisaría.
Mientras, la pareja detenida, ha pasado la noche en la misma comisaría de la Policía Nacional y está previsto que a lo largo de esta mañana pasen junto con la joven a disposición judicial. Ayer ya se intentó tomarles declaración, pero no fue posible porque supuestamente no saben español. Hoy dispondrán de un intérprete.
Según lo que ha trascendido de la declaración, se trata de un hombre de 42 años y una mujer de 43, quienes habrían pagado 2.000 euros por quedarse con el bebé. El trato de compraventa se habría acordado en Rumania.
Claves del caso
El abogado Fernando Cumbres ha analizado las principales claves para entender este caso desde el punto de vista legal.
Cumbres ha destacado que se trata de algo "sumamente grave" y por eso las posibles penas de las que habla la fiscalía, de entre 1 y 5 años de prisión, "se me antojan bastante bajas".
Además apunta que podría añadirse "otro presunto delito de usurpación del estado civil, que supondría una subida de 3 a 5 años del delito". Aunque aclara que en realidad se trata de una "tentativa de delito, que no se ha llegado a culminar", y eso significaría la rebaja en un grado del delito.
Habrá que pedir una serie de ayudas a la justicia rumana, opina Cumbres, para esclarecer del todo este caso. Y es posible que la joven que ha dado a luz al bebé alegue situación de vulnerabilidad y necesidad en su país, y eso será valorado en la instrucción del caso.
Fernando Cumbres destaca que no se trata de una gestación subrogada porque no ha habido participación biológica de los compradores. Él habla directamente de la "venta de un bebé".
Y sobre el parecido de este caso y otro de hace sólo unos días en Sevilla, Cumbres indica que "parece que estamos ante algún tipo de práctica desde Rumanía, que es la compra de estos menores por parte de expatriados rumanos que viven en España".
Por eso advierte: "Las autoridades deben estar muy alerta a la llegada de súbditas rumanas que vengan embarazadas porque podemos estar ante trata de seres humanos".
Por eso lamenta que "España no tiene del todo implementado el convenio europeo de Varsovia, y eso sería la clave para aumentar las penas".
