La Plataforma de Apoyo a las Personas Migrantes en Extremadura ha advertido este sábado de la vulneración de derechos humanos de las personas acogidas en el centro del polígono el Prado de Mérida, quienes soportan condiciones de frío y se enfrentan a situaciones de indefensión jurídica.
Concretamente, miembros de la plataforma han explicado que "muchas de las personas acogidas" han manifestado tener frío en este dispositivo dependiente del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, al tiempo que han lamentado que "la entidad que gestiona el recurso" (Cruz Roja) no solo "no proporciona los abrigos necesarios para sus usuarios" sino que, además, "rechaza los ofrecimientos" que ellos mismos han hecho para hacer llegar al lugar ropa de abrigo y calzado de invierno.
Asimismo, han informado en nota de prensa que algunos de estos migrantes se encuentran en una situación de "gran indefensión jurídica" al recibir información escrita y verbal en otros idiomas diferentes a los suyos, que acaban por firmar sin saber su contenido.
A ello se suman las dificultades para pedir la Protección Internacional ya que, según indica el comunicado, por un lado los responsables del centro no suelen atender a las peticiones de ayuda para ejercer este derecho y, por otro, el negociado de extranjería en Mérida responde a la solicitud con un "mensaje tipo" en el que pide el pasaporte y estar empadronado.
Estos requisitos que, según advierte la plataforma no están recogidos en ley alguna, "dificultan o impiden de facto su acceso al procedimiento", ya que la mayoría de los acogidos "no han viajado en cayucos con pasaporte" y, además, esta condición "excluiría directamente de la posibilidad de solicitar protección a las personas apátridas".
Esta situación supone, a su vez, un agravante de la "vulnerabilidad" de estas personas en la medida en que "no logran conseguir cita para manifestar la petición de Protección Internacional" y, "como les transmite con frecuencia la entidad que gestiona el dispositivo, en breve deben abandonarlo (quedando en situación de calle)".
No obstante, miembros de la plataforma han asegurado que "cada vez más personas migrantes acogidas" en dicho centro emeritense "están viendo reconocido su derecho a justicia gratuita", por cuenta del servicio de emergencia que ha activado el Colegio de Abogados de Badajoz.
Menores alojados en dispositivos para adultos
Otra de las problemáticas detectadas por los miembros de la plataforma ha sido que "cada vez con mayor frecuencia" identifican a migrantes que dicen ser menores de edad y de los cuales "en multitud de casos" portan consigo documentación que lo confirma como certificados de nacimiento o pasaportes.
En este sentido, la nota recuerda que cuando una persona manifiesta no haber alcanzado la mayoría de edad, esta debe ser "de manera inmediata" trasladada a un dispositivo específico para menores donde permanecerá hasta que se lleven a cabo las correspondientes pruebas de edad o comprobaciones en sus respectivos consulados y embajadas.
"Si el menor llega y dice que es menor, aunque tenga barba con canas se le hace la prueba, pero antes se le protege y tutela", ha insistido por su parte la activista Marisa Prudencio, tras asegurar que el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones "está fuera de ley".
Al respecto, Prudencio ha manifestado que una de las situaciones que temían que pudieran darse era que se expulsara el día 17 a parte de las personas acogidas, de las cuales "algunas eran menores". No obstante, ha precisado que han sido informados de que, finalmente, no sucederá.
Por otra parte, la activista ha recordado que en el caso de las personas consideradas "de especial vulneración", esto es, "que no tienen un lugar en el que se les acoja", el periodo inicial de un mes del que disponen para permanecer en el lugar (contabilizado desde que llegan a Canarias) se puede ampliar, en estos casos, por dos meses en los que ellos pueden solicitar la protección.
