Juicio por prevaricación contra el alcalde de Montijo, el socialista Manuel Gómez. La Fiscalía le acusa de realizar contrataciones irregulares de personal entre 2017 y 2019.
El Ministerio Público señala que Manuel Gómez dio órdenes directas a sus subordinados para la incorporación al Ayuntamiento de determinadas personas sin cumplir los principios de igualdad, mérito y capacidad en el acceso al empleo público. Además, intercedió para que se prorrogaran contratos. En todos estos casos no se siguió el procedimiento legalmente establecido.
Un caso investigado a raíz de la denuncia presentada por el grupo municipal de Izquierda Unida. Uno de sus concejales, Juan Schirinzi, asegura que "se ha beneficiado a amigos y familiares con empleos públicos al que deberían haber optado los vecinos de Montijo". Así lo atestiguan, asegura, los continuos reparos presentados por el Departamento de Intervención del Ayuntamiento.
Para la Fiscalía, estos hechos constituyen un delito continuado de prevaricación administrativa. Por ello, se solicita para el alcalde montijano una pena de trece años de inhabilitación especial para empleo o cargo público y para el derecho de sufragio pasivo, es decir, el derecho a volver a ser elegido como concejal en unas elecciones.
Durante la sesión, Manuel Gómez ha explicado cada uno de los puestos por los que se le ha interpelado. El alcalde asegura que la prórroga de contratos se hizo siempre por motivos excepcionales (finalizar un presupuesto, una obra pública, puestos vacantes, ...) y que solo recibió reparos con el último interventor municipal, no con la anterior funcionaria, y que en todo caso llegaron "meses o años después" de las actuaciones. El interventor, en cambio, ha asegurado en su testimonio ante la jueza que no recibió una justificación adecuada para las decisiones tomadas.
El juicio ya ha quedado visto para sentencia.
