Audiencia Provincial de Cáceres, esta mañana
El acusado de un delito de abuso sexual a una menor ha sido condenado a tres años de prisión, 7.000 euros de indemnización por daño moral y la prohibición de acercamiento a menos de cien metros durante cinco años tras el acuerdo de conformidad al que han llegado este martes las partes.
El condenado también estará cinco años en libertad vigilada.
El delito se produce, ha explicado el abogado de la defensa, Ángel Luis Aparicio, como consecuencia de que aun siendo consentido por ambos, la menor cuenta con una edad inferior a 16 años, lo que marca la tipificación del delito de abuso sexual.
La Audiencia Provincial de Cáceres había retomado este martes el juicio contra un joven acusado de un delito de abusos sexuales a una menor de edad con la que mantenía una relación de amistad a través de su hermana en una localidad cacereña, hechos por los que se enfrentaba a una pena de 10 años de cárcel solicitada por la Fiscalía y la acusación particular, mientras que su defensa pide la libre absolución.
Así, estaban llamados a declarar como testigos los médicos forenses, la madre de la menor y la hermana, tras pedir la defensa, la prueba de madurez sexual de la menor.
“Entendemos que las circunstancias personales de la menor no tienen una situación real a su edad sino muy superior a su edad”, ha expuesto Aparicio.
Sin embargo, ha precisado que esta prueba “fundamental” no se ha practicado en su totalidad, pero se lleva a cabo el interrogatorio de los médicos forenses.
La defensa ha mantenido la inocencia del joven de 23 años al considerar que el hecho encausado ha sido “consentido, libre y voluntariamente, por amor”, según ha manifestado el abogado.
Por otro lado, para el letrado de la acusación, Antonio Díez, en menores de 16 años el consentimiento "tiene que cumplir requisitos como la proximidad en cuanto a la edad, no solo en cuanto a la madurez entre el adulto interviniente y la víctima”, ha dicho.
Además de la pena de prisión, pedía una indemnización por responsabilidad civil de 20.000 euros, mientras que la Fiscalía disminuía esta cantidad a 10.000 euros.
