Juzgados de Cáceres
El Ministerio Fiscal ha solicitado una pena de seis años y medio de cárcel para dos acusados de tres delitos relacionados con falsear facturas de más de 200.000 euros por obras no realizadas o de importe superior al realmente ejecutado, presentándolas para su anticipo en una entidad financiera con la que uno de ellos tenía concertado “factoring”.
La Audiencia Provincial de Cáceres acoge desde este martes y hasta el jueves, en principio, el juicio al apoderado de una empresa de construcción y al antiguo secretario del Ayuntamiento del Risco y Garlitos (Badajoz), quien, según Fiscalía, daba “apariencia de veracidad” a la presunta maniobra de falsas facturas del otro acusado.
En concreto se les atribuyen un delito societario por falsear documentos contables causando un perjuicio económico, por lo que se les piden tres años de prisión, así como un delito continuado de falsedad en documento oficial y mercantil con un delito de estafa, por los que se enfrentan a tres años y medio de privación de libertad.
Según el escrito fiscal de acusación, desde 2015 el acusado, apoderado de la empresa de construcción de la que posteriormente fue su exmujer, “consiguió” que se emitiesen facturas por trabajos no realizados, o por importe superior al realmente ejecutado, a su sociedad mercantil, que realizaba trabajos para ayuntamientos, presentándolas para su descuento en la entidad bancaria.
De esta forma esta última adelantaba el cobro de las facturas, que se incluían en la contabilidad de la empresa como parte del activo en su calidad de "clientes pendientes de cobro”, aumentando así su valoración "de forma artificiosa”, refleja la Fiscalía, todo ello “sin conocimiento o consentimiento” de la administradora de la sociedad.
Algunas de las facturas eran presuntamente de obras que, o bien no habían dado comienzo aún, o no se habían obtenido subvenciones o ayudas necesarias para aprobar su ejecución.
Por su parte, según el escrito de acusación, el secretario de los ayuntamientos, “previo acuerdo”, tomó razón del endoso en representación del Consistorio del Risco de varias facturas de hasta 157.000 euros “a sabiendas” que “no se correspondían con la realidad”.
“Una vez llegado el vencimiento de cada una de ellas, puesto que el ayuntamiento no abonó, al no corresponderse con trabajos efectivamente realizados, dichas facturas, aportó a la entidad financiera certificación, como secretario y en representación del ayuntamiento, del no abono de cada una de ellas al objeto de hacer factible la renovación de la línea de descuento contratada”, añade la Fiscalía.
Además, de Garlitos remitió al banco una certificación como secretario y en representación del citado ayuntamiento del no abono a la mercantil de la factura, previamente descontada y endosada a fin de obtener la renovación de dicha línea de descuento, y de otra no abonada, “a pesar de conocer” que el importe era “superior al realmente ejecutado”.
Por todo ello, además, se solicitan para los acusados dos multas de 22 meses a 15 euros diarios, así como para el secretario tres años de inhabilitación especial para el ejercicio de la función pública.
