La Plataforma de Apoyo a Personas Migrantes y Refugiadas de Extremadura ha exigido a la administración regional que asuma de forma inmediata la tutela de los menores no acompañados y de los presuntos menores acogidos en el Centro de Atención a Migrantes de Mérida. Esta petición se produce después de que, en el pleno de la Asamblea del pasado jueves, la consejera de Salud reconociese la presencia de al menos 50 chicos pendientes de determinar su minoría de edad en dicho centro.

Sara García Espada, declaraba en el pleno que la aceptación de esos menores es inmediata en el momento en que Fiscalía determina que son menores, y "es el procedimiento de Fiscalía correcto". Además, pedía tranquilidad al asegurar que "cualquier menor certificado como menor pasa al recurso de la Junta como menor".

Sin embargo, la plataforma acusa al Gobierno regional de incumplir la ley al no asumir la tutela desde la primera sospecha sobre su minoría de edad. Julián Bermejo, miembro de la plataforma, ha expresado su preocupación y ha afirmado que no se puede estar esperando "no sé cuántos meses a que se dirima el tema de la Fiscalía si son menores o no". Considera que hay que ponerlos primero en protección de menores y luego, cuando se estime oportuno, se hagan las pruebas pertinentes.

La Junta insiste en que cumplen con el protocolo establecido, trabajando conjuntamente con la Fiscalía. No obstante, la Plataforma denuncia que estos menores están obligados a convivir con 800 adultos, expuestos a todo tipo de peligros, lo que supone una vulneración de sus derechos y una situación de riesgo constante.

Para evitar estos problemas, la consejera de Salud ha reclamado al Gobierno central que determine la edad de los migrantes antes de trasladarlos a otros puntos del país, con el fin de garantizar una protección adecuada desde el primer momento.

David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno, ha solicitado a través de su abogado, Emilio Cortés, la anulación de la investigación sobre sus correos corporativos incautados por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil. Esta petición se formalizó mediante un recurso de reforma presentado ante el juzgado de instrucción número 3 de Badajoz, que está llevando el caso.

La defensa de Sánchez argumenta que la incautación de los correos electrónicos carece de motivación suficiente y se basa en meras sospechas presentadas por Manos Limpias, a través de recortes de prensa. Cortés sostiene que dichas sospechas no justifican la lesión de derechos fundamentales como la intimidad y el secreto de las comunicaciones de su defendido. Los correos incautados contendrían información sobre la creación y adjudicación de plazas que David Sánchez ha ocupado desde 2017 en la Diputación de Badajoz. El recurso de reforma recuerda que en ese mismo año en el que consiguió la plaza, ninguno de los demás aspirantes presentaron reclamación.

La UCO entró el pasado miércoles, 10 de julio, en la Diputación de Badajoz para buscar documentación relacionada con David Sánchez.

Los futuros policías y guardias civiles demandan más oportunidades para poder acceder a estos cuerpos, cuya oferta para este año incluye 3.200 plazas para la Guardia Civil y 2.900 para la Policía Nacional. Una de las principales novedades de esta convocatoria es la exigencia de un nivel mínimo de inglés, concretamente el A2, para poder presentarse a las pruebas.

Durante el verano, los aspirantes, como Marta Rodríguez, aprovechan para prepararse intensamente para las oposiciones. Marta, que desde pequeña tiene clara su vocación tras sufrir un robo, asegura que, gracias al trato que recibió de la Policía Nacional, supo lo que quería hacer. David Carapeto, de la Academia Extremadura, señala que no se cubre el ratio que debería cubrirse, y considera que deberían salir más plazas.

Aunque parte del temario es similar, los procesos para acceder a ambos cuerpos son distintos. Los opositores subrayan la necesidad de reducir el tiempo que transcurre desde las pruebas físicas hasta el psicotécnico, que actualmente puede llegar a durar, dicen, alrededor de un año y medio. A pesar de los retos, los opositores están decididos a superar las pruebas y cumplir su sueño de formar parte de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.