“Genocidio nunca más”. Con ese grito, alrededor de medio centenar de personas han alzado la voz este miércoles en Mérida para reclamar una paz duradera en Gaza y el respeto a los derechos humanos del pueblo palestino. La concentración, convocada de forma conjunta por Comisiones Obreras y UGT de Extremadura, ha tenido lugar frente al ayuntamiento de la capital autonómica.

Entre pancartas y banderas palestinas, se han escuchado cánticos como “La clase obrera con Palestina libre”, “No es una guerra, es un genocidio” o “Las tierras robadas serán recuperadas”. Los sindicatos han pedido que el alto el fuego sea permanente y verificable, que se garantice la entrada inmediata de ayuda humanitaria, y que la reconstrucción de Gaza se realice “en beneficio de su pueblo y no de intereses externos”.

La secretaria general de CCOO Extremadura, María Berrocal, ha señalado que esta movilización se suma a paros en distintos centros de trabajo como muestra de solidaridad con Gaza. Por su parte, la secretaria general de UGT Extremadura, Patro Sánchez, ha recordado que “la clase trabajadora siempre ha estado del lado de los derechos humanos”.

La sanidad extremeña “está en buena forma”. Así lo ha asegurado el gerente del Servicio Extremeño de Salud, Jesús Vilés, que ha presentado hoy en la Asamblea los datos del primer semestre del año. Entre enero y junio, más de 14.000 extremeños han salido de las listas de espera, un descenso que el SES atribuye a una mejor organización y a un mayor esfuerzo de los equipos sanitarios.

Según los datos oficiales, el tiempo medio para una operación se sitúa en 134 días, y las especialidades con menor lista de espera son Ginecología, mientras que Maxilofacial y Neurocirugía siguen siendo las más saturadas.

La oposición no lo ve igual

Desde la oposición, el tono ha sido muy distinto. El PSOE asegura que, lejos de estar en forma, la sanidad extremeña está "débil”, y que los pacientes siguen esperando más que en la mayoría de comunidades autónomas.

Por su parte, Unidas por Extremadura ha denunciado la falta de transparencia en los datos facilitados y ha reclamado, además, más recursos para reducir los tiempos de espera reales. Consideran que, si se compara con otras regiones, aquí en la región la gente sigue esperando más tiempo para ser atendida.

El proyecto de regadío de Tierra de Barros ha vuelto al foco del debate político en la Asamblea de Extremadura. Durante la comisión de investigación celebrada este miércoles, José Manuel Delgado, técnico de la comunidad de regantes, ha asegurado que la Junta podría haber solicitado la prórroga de la Declaración de Impacto Ambiental (DIA), que caducaba el pasado mes de agosto. No obstante, ha reconocido que no tiene constancia de si dicha prórroga ha sido validada.

Delgado ha defendido con firmeza la viabilidad técnica del proyecto, afirmando que “tenemos la concesión, la DIA, el informe Red Natura, el plan hidrológico...En España eso significa que el proyecto es viable técnicamente”. Además, ha subrayado el retorno económico que supondría su puesta en marcha: según un informe de la Universidad de Extremadura, el impacto en el PIB regional sería de 60 millones de euros, con una recaudación fiscal estimada de 20 millones.

Durante su intervención, también ha reconocido que en 2021 existía un informe desfavorable debido a que la DIA estaba incompleta, aunque posteriormente se aportó la documentación necesaria.

La sesión ha estado marcada por la ausencia de los regantes citados, que se han acogido a su derecho a no comparecer, lo que ha generado reacciones entre los grupos parlamentarios.