El proyecto de regadío de Tierra de Barros ha vuelto al foco del debate político en la Asamblea de Extremadura. Durante la comisión de investigación celebrada este miércoles, José Manuel Delgado, técnico de la comunidad de regantes, ha asegurado que la Junta podría haber solicitado la prórroga de la Declaración de Impacto Ambiental (DIA), que caducaba el pasado mes de agosto. No obstante, ha reconocido que no tiene constancia de si dicha prórroga ha sido validada.
Delgado ha defendido con firmeza la viabilidad técnica del proyecto, afirmando que “tenemos la concesión, la DIA, el informe Red Natura, el plan hidrológico...En España eso significa que el proyecto es viable técnicamente”. Además, ha subrayado el retorno económico que supondría su puesta en marcha: según un informe de la Universidad de Extremadura, el impacto en el PIB regional sería de 60 millones de euros, con una recaudación fiscal estimada de 20 millones.
Durante su intervención, también ha reconocido que en 2021 existía un informe desfavorable debido a que la DIA estaba incompleta, aunque posteriormente se aportó la documentación necesaria.
La sesión ha estado marcada por la ausencia de los regantes citados, que se han acogido a su derecho a no comparecer, lo que ha generado reacciones entre los grupos parlamentarios.
