La Junta de Extremadura aplicará a partir de enero una subida salarial del 4% para los empleados públicos. El incremento se desglosa en un 1,5% correspondiente a 2026, que se abonará en la nómina de enero, y el 2,5% pendiente de 2025, que se hará efectivo en una nómina aparte en diciembre o, si no es posible, en enero, según ha anunciado la consejera de Hacienda y Administración Pública, Elena Manzano, tras la Mesa General de Negociación.

Además, la subida podría aumentar en un 0,5% adicional si el IPC alcanza o supera el 1,5%, tal y como establece el acuerdo firmado con los sindicatos. En el primer cuatrimestre de 2026, la Junta también abonará el 2% correspondiente a 2020, lo que supondrá un desembolso total superior a 118 millones de euros.

Una subida total del 9%

Desde las organizaciones sindicales, CCOO, CSIF y UGT han mostrado satisfacción por el cumplimiento del acuerdo que alcanzaron las organizaciones sindicales con el Ministerio de Función Pública, y han destacado que, en poco más de un año, los empleados públicos verán incrementadas sus nóminas en un 9%, recuperando parte del poder adquisitivo perdido. “Es importante que se cumpla lo pactado”, señala Manuel María Nicolás (CCOO), mientras que Benito Román (CSIF) subraya que “la Junta cumple con lo firmado con el Gobierno de España”. Por su parte, Manuel Fernández (UGT) lamenta que la subida del 2,5% de 2025 no pueda abonarse en diciembre por “problemas técnicos”.

Alrededor de 150 productores de cereza se han concentrado este viernes en Cabezuela del Valle, convocados por la organización agraria La Unión, para reclamar a la Junta de Extremadura que resuelva y abone las ayudas aún pendientes dirigidas a las explotaciones afectadas por los daños provocados por las intensas lluvias de la primavera de 2024.

Estas ayudas quedaron recogidas en un Decreto-ley publicado el 4 de junio de 2025 en el Diario Oficial de Extremadura, que establecía un paquete de apoyo para las explotaciones que acreditaran más de un 30% de pérdidas. Además, según recuerda La Unión, el Reglamento fijaba como fecha límite para la resolución de los expedientes el 30 de junio de 2025.

Sin embargo, a día de hoy, la organización denuncia que unos 660 agricultores siguen sin recibir la ayuda ni una resolución administrativa sobre sus expedientes, lo que consideran un “incumplimiento flagrante” tanto del decreto autonómico como de la normativa europea.

"Retraso injustificado"

Durante la concentración, los productores han mostrado su indignación. Critican que los plazos “solo” se exijan a los agricultores, mientras, afirman, la Junta “se permite el lujo de demorar durante meses” la tramitación de ayudas correspondientes a campañas anteriores.

En un mensaje directo a la presidenta de la Junta, María Guardiola, La Unión ha expresado el “malestar” del sector y reclamó que los responsables políticos “no están solo para acudir a inauguraciones”, sino para “resolver los problemas de sus administrados en el menor tiempo posible”.

La organización agraria advierte de que, si la Junta no aprueba y paga de manera inmediata estas ayudas, los productores volverán a movilizarse “todas las veces que sea necesario, hasta que se abone el último euro que les corresponde”.

Tras cuatro días de batas caídas, pasillos más vacíos y concentraciones en toda España, la huelga médica concluye esta primera fase sin avances concretos. El Ministerio de Sanidad retomará la negociación la próxima semana, aunque mantiene que un Estatuto Profesional propio para los facultativos sería inconstitucional. Los sindicatos, sin embargo, aseguran que las movilizaciones ya están teniendo efecto en el Gobierno.

La ministra, Mónica García, considera que hay algunas demandas que son "demandas que solo pueden tener la llave de su resolución las comunidades autónomas. En Extremadura, 4.000 médicos estaban llamados a la huelga. El Servicio Extremeño de Salud sitúa el seguimiento en torno al 25%, mientras que los sindicatos elevan la cifra a más del 80%.

“El Ministerio no hace autocrítica”

La presidenta del sindicato médico en Extremadura, Simex, María José Rodríguez, habla de un “sentimiento agridulce” tras estos cuatro días de paros. “El Ministerio no hace autocrítica. Faltan médicos en el sistema sanitario público”, lamenta. Explica que se está creando una nueva ley marco y que, cuando se despliegue en las comunidades autónomas, estarán ahí para participar: “Pero ahora la pelota está en el Ministerio”.

Uno de los puntos centrales del conflicto es la petición de un Estatuto Propio para los facultativos, algo a lo que Sanidad se niega. Desde Simex cuestionan ese argumento: “¿Por qué dice el Ministerio que no puede hacerse un estatuto propio cuando ya ha habido estatutos propios? Todos somos necesarios y dependemos unos de otros, pero no podemos seguir soportando esta sobrecarga laboral que recae fundamentalmente en el personal médico, que es el que falta estructuralmente. Las plantillas no se llenan, y quien no entienda esto, no entiende el problema o no quiere admitirlo”.

La jornada de 35 horas, otro foco del conflicto

Los médicos reclaman también un modelo homogéneo de jornada en todo el país.“¿Por qué no 35 horas para todos? ¿Porque hay déficit de médicos? Este es el malestar del colectivo, del presente y del futuro: los MIR y los estudiantes de Medicina”, apunta María José Rodríguez. Insiste en que las movilizaciones no son un gesto improvisado: “No es que nos haya dado por salir a la calle. Este movimiento no lo veía desde hace muchísimo tiempo. La última huelga laboral fue hace 30 años. Hay sobrecarga laboral, es una realidad, no es un capricho”.

La huelga sigue abierta

Pese a que esta primera convocatoria de cuatro días ya ha finalizado, la huelga no está desconvocada.