La Guardia Civil ha desarticulado un grupo criminal dedicado a la explotación laboral de trabajadores extranjeros en situación irregular en el norte de la provincia de Cáceres. La operación ha concluido con cinco personas investigadas por su presunta implicación en delitos contra los derechos de los trabajadores, falsedad documental, contra los derechos de los ciudadanos extranjeros y pertenencia a grupo criminal.

Inspecciones en explotaciones agrícolas

La investigación comenzó tras varias inspecciones realizadas en mayo del pasado año en explotaciones agrícolas situadas en distintas localidades del norte cacereño. En estas inspecciones, se identificó a más de 50 trabajadores extranjeros, siete de los cuales se encontraban en situación irregular en España. Estos últimos fueron detenidos y puestos a disposición de la Brigada de Extranjería de la Policía Nacional de Cáceres, ya que cuatro de ellos contaban con órdenes de expulsión en vigor.

Según ha informado la Guardia Civil, los cinco investigados, todos ellos residentes en la provincia de Badajoz, conformaban una estructura organizada con roles bien definidos. Utilizaban la empresa de uno de ellos para simular legalidad en las contrataciones, actuando como intermediarios entre los trabajadores extranjeros y dos explotaciones agrícolas del norte de Cáceres. A cambio de una cantidad de dinero por cada jornalero, ofrecían mano de obra a los agricultores, quienes desconocían la situación legal de los trabajadores.

Además, los investigados arrendaban viviendas para alojar a los jornaleros y obtener un beneficio adicional a través del alquiler de estas, incrementando así sus ganancias.

Agentes de la Policía Nacional adscritos al grupo de estupefacientes de la Comisaría de Mérida han detenido este pasado jueves, día 10, a dos varones por su presunta autoría de un delito contra la salud pública, concretamente por tráfico de drogas en la capital extremeña. La investigación comenzó a mediados del mes de marzo, cuando los agentes detectaron que en la corrala situada en la calle Trujillo de Mérida habían instalado una puerta desde un local comercial, al interior de dicha corrala, y un pequeño hueco en la pared para dispensar presuntamente dosis de droga.

Los policías llevaron a cabo las gestiones tendentes a la verificación de dicha información, localizando el lugar exacto en el que, tras diseñar un dispositivo específico, se llevó a cabo la entrada en dicho "zulo", desmantelando así un punto de venta de droga. Además de detener a las dos personas que gestionaban dicho punto, se intervinieron 44 papelinas de heroína y cocaína, además de 240 euros en efectivo, informa en nota de prensa la Policía Nacional.

Los detenidos son dos hombres, de 43 y 45 años de edad, con antecedentes, quienes tras la instrucción del pertinente atestado han sido puestos a disposición de la autoridad judicial.

El PSOE extremeño ha denunciado este jueves un posible conflicto de intereses en la Consejería de Agricultura que afecta directamente al actual director general de la PAC, Juan Eloy Rodríguez. Según los socialistas, Rodríguez tramitó 400 expedientes de solicitudes de ayudas por un valor de 8,5 millones de euros cuando era responsable de la oficina de ASAJA en Coria, y posteriormente, ya en su actual cargo, resolvió esos mismos expedientes.

Piden la intervención de la presidenta

Una práctica que, aseguran, vulnera la Ley Extremeña de Transparencia y Buen Gobierno. Por ello, exigen a la presidenta de la Junta, María Guardiola, que “tome cartas en el asunto”, aunque por el momento el grupo socialista está valorando si solicitar oficialmente el cese del director general.

Isabel Gil Rosiña ha calificado la situación como “muy grave” y ha recordado que la legislación extremeña prohíbe expresamente este tipo de incompatibilidades. Además, ha criticado la consejería: “¿Cómo le vamos a pedir responsabilidad a una consejera que debería haber dimitido hace meses por tener un pozo ilegal?”, en alusión a la consejera de Agricultura, Mercedes Morán. “La consejería es una bomba de relojería”, ha sentenciado.

Desde el Partido Popular han negado rotundamente cualquier irregularidad. El portavoz del grupo parlamentario, José Ángel Sánchez Juliá, ha rechazado la existencia de conflicto de intereses: “No hay delegación de firmas que pudiera interceder en la tramitación de esos expedientes. No hay ningún problema legal”.

Para Sánchez Juliá, las críticas del PSOE responden a una estrategia partidista: “El único problema que tienen los extremeños es un Partido Socialista echado al monte y que no tiene soluciones para los problemas reales de los ciudadanos”.