La muerte violenta de una educadora social en un piso tutelado de Badajoz ha reabierto el debate sobre la seguridad en estos centros y la necesidad de cambios en la gestión de menores con antecedentes judiciales. Según el abogado de la familia de la víctima, Raúl Montaño, los tres presuntos homicidas mostraban una conducta conflictiva desde hace tiempo, algo que había sido corroborado por compañeras de trabajo y colectivos. "No hacía falta una denuncia expresa previa por parte de Belén, porque era obvio que estos señores estaban huidos, incumpliendo medidas e implicados en incidencias graves", ha señalado Montaño.
Desde Comisiones Obreras han sido contundentes al afirmar que estos menores no deberían haber estado en ese piso tutelado, señalando directamente a la Fiscalía por no haber hecho una evaluación adecuada de los perfiles de los residentes. Lourdes Núñez, portavoz del sindicato, ha afirmado que "es un problema complejo con muchas aristas a tratar" y que se deberían revisar los criterios de asignación de menores a estas viviendas.
El fiscal superior de Extremadura ha calificado el suceso como "absolutamente imprevisible", pero ha admitido que se deberá analizar si ha habido fallos de coordinación. Además, ha reiterado su postura a favor de una reforma de la Ley del Menor, abogando por rebajar la edad de responsabilidad penal a los 13 años, actualmente fijada en los 14.
Dos sistemas de protección
En Extremadura, los menores bajo tutela de la Junta son atendidos mediante dos sistemas diferenciados: el de protección, destinado a quienes no pueden vivir con sus familias, y el de reforma, dirigido a jóvenes con antecedentes judiciales, que pueden estar internados o en régimen de semilibertad en pisos tutelados. La gestión de estos pisos se delega en empresas externas, a las que se exige contar con educadores, psicólogos y técnicos educativos, pero no la presencia obligatoria de personal de seguridad.
Este punto ha generado un fuerte debate entre los trabajadores del sector, quienes consideran que la seguridad es ahora más necesaria que nunca. Educadores sociales han solicitado mejoras en las condiciones laborales y la implementación de medidas de protección, aunque advierten que no se debe estigmatizar a todos los menores bajo tutela. "No deben pagar justos por pecadores", han enfatizado.
