La Dirección General de Sostenibilidad de la Junta de Extremadura ha pedido la colaboración del Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil para localizar al responsable de un vertido de residuos de fibrocemento, que podrían contener amianto, junto a la carretera N-432, en el término municipal de Badajoz.
Agentes del medio natural denunciaron el pasado 5 de abril este vertido de placas de fibrocemento, el cual supone una infracción muy grave según la normativa, ha afirmado el Ejecutivo regional en una nota.
El abandono de estas placas, en este caso en el kilómetro 15 de la N-432, las cuales suelen contener amianto, supone una multa que va de los 100.001 a los 3,5 millones de euros, al tratarse de residuos peligrosos según la Ley 7/2022.
La comercialización y uso del amianto como materia prima se limitó progresivamente hasta su total prohibición en 2002, por lo que actualmente este producto sólo se puede encontrar en los materiales y productos de cuya composición forma parte y que fueron fabricados con anterioridad a esa fecha.
El titular de la licencia urbanística en una obra de construcción o demolición, o el responsable del bien inmueble en el caso de trabajos que no dispongan de licencia, están obligados a asegurar el tratamiento adecuado de sus residuos, que deben entregar a un gestor autorizado, en el objetivo de garantizar de este modo la protección del medio ambiente y la salud de las personas.
En caso contrario, el titular se expone a sanciones económicas muy elevadas, sin perjuicio de que pueda incurrir en un delito contra el medio ambiente si se causan daños sustanciales a la calidad del aire, del suelo o de las aguas, o a animales y plantas.
La Junta de Extremadura, quien trabaja para que “estos residuos se puedan retirar adecuadamente en un corto espacio de tiempo”, ha reiterado “la ilegalidad y gravedad de los vertidos de este tipo”, pues pueden provocar potenciales riesgos para la salud.