Un auto del juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 3 de Cáceres ha decidido el sobreseimiento y archivo de la causa contra la directora de la residencia asistida El Cuartillo de la capital cacereña por los residentes fallecidos durante el inicio de la pandemia de covid-19.
El texto, al que ha tenido acceso Canal Extremadura, considera que "se actuó de forma correcta, en lo que se refiere a los pacientes y organización de la Residencia... que se instauró a los pacientes el tratamiento acorde a sus padecimientos, y se le dieron los cuidados adecuados a su propia situación en concordancia con la situación que se estaba viviendo a nivel mundial y a nivel nacional".
"Actuó conforme a la situación que se estaba viviendo"
La jueza del caso estima que "no se aprecia la existencia de una grave, o menos grave negligencia por parte de la investigada, ya que actuó conforme a la situación que se estaba viviendo. No sólo resultaba imprevisible a primeros de marzo de 2020 la evolución de los contagios y de los letales resultados a consecuencia de los mismos, lo que ya de por sí eliminaría el elemento psicológico de la imprudencia".
"Los fallecidos fueron tratados de acuerdo a las capacidades de un sistema colapsado"
En el auto se explica que en el momento en el que sucedieron los hechos las residencias de mayores y sociosanitarias no contaban con normas específicas, sino con recomendaciones para prevenir la propagación del virus. Además, "queda fuera de toda duda que todos los fallecidos fueron tratados, como el resto de los enfermos, y de acuerdo con las capacidades de un sistema sanitario colapsado en el momento del estallido de la situación".
Unos razonamientos que corroboraron los testigos a los que se tomó declaración, profesionales sanitarios, que aseguraron que los residentes que fallecieron, "aunque hubieran estado en el hospital no se les hubiera intubado ni hubieran ingresado en la UCI".
Resolución que no es firme
La resolución no es firme y puede ser recurrida en el plazo de cinco días.
La denuncia contra la directora la interpusieron los familiares de más de una veintena de residentes del centro cacereño en agosto de 2020. Fue una querella por presuntos delitos de lesiones por imprudencia y homicidio imprudente.
