Las mascarillas ya sólo van a ser obligatorias en hospitales, centros de salud, clínicas dentales, centros de reproducción humana asistida, centros de interrupción voluntaria del embarazo y otros centros de atención especializada.
También se tendrán que llevar al entrar en una farmacia y cuando se vaya a visitar a un residente de una residencia de ancianos y se esté en una zona compartida, o se sea un trabajador de este tipo de centros.
El uso de las mascarillas en los transportes públicos del país ha dejado de ser obligatorio este miércoles, una vez publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE) la modificación del Real Decreto de 19 de abril de 2022 que aprobó ayer el Consejo de Ministros.
No obstante, desde el Ministerio de Sanidad se explica que el uso de las mascarillas va a seguir siendo recomendable en espacios cerrados para las personas más vulnerables, para aquellas con una infección respiratoria aguda o en los entornos familiares o sociales cuando haya personas vulnerables. Además que, si bien en el ámbito laboral "no son obligatorias", en la normativa se plasma la posibilidad de que los servicios de riesgo y prevención de las empresas puedan decidir, si así lo consideran oportuno, obligar a sus trabajadores a usar las mascarillas.
Medida "acorde a la situación epidemiológica"
"Se trata de un paso más en la respuesta que en cada momento hemos ido dando acorde a la situación epidemiológica y con el parecer de las personas expertas", ha aseverado la Ministra de Sanidad, Carolina Darias.
De hecho, las últimas cifras del Covid-19 en España, publicadas el pasado viernes, mostraron que el número de personas hospitalizadas ha bajado un 12,1 por ciento en la última semana, un 15,2 por ciento en UCI, y la incidencia media actual de contagios en España en los últimos 14 días se sitúa en los 50,76 casos por cada 100.000 habitantes.
La retirada de las mascarillas en los transportes se produce casi un año después de que su uso dejase de ser obligatorio en el exterior, medida aprobada el 10 de febrero, y unos meses más tarde (el 20 de abril) de que ya no se utilice en los espacios interiores. España deja de ser así el único país de Europa que obligaba a su uso en los transportes públicos.
