Ecologistas en Acción de Extremadura advierte de que el nuevo mapa de zonas prioritarias para el desarrollo de energía solar fotovoltaica en la región abre una amplia disponibilidad territorial para el negocio energético, sin límites definidos ni una evaluación estratégica que analice el conjunto de los impactos. Aunque la Junta indica que esta clasificación no exime de los trámites ambientales, reconoce que instalarse en estas zonas “facilitará la tramitación”, algo que para la organización introduce un sesgo en la toma de decisiones públicas.
La asociación critica que las denominadas “zonas posibles” no son neutras, ya que orientan la planificación administrativa sin disponer de elementos clave: no existen techos por comarca o municipio, ni densidades máximas, ni umbrales de saturación paisajística o ecológica. A su juicio, una zonificación sin límites abre la puerta a concentraciones masivas de instalaciones fotovoltaicas y a efectos acumulativos que no se están teniendo en cuenta en los procedimientos actuales.
Ecologistas en Acción insiste en que el problema no reside en una planta aislada, sino en la suma de numerosos proyectos, que puede provocar fragmentación de hábitats, nuevas líneas de evacuación, pérdida de conectividad ecológica y presión sobre dehesas y mosaicos agrarios. Esto afecta también a actividades tradicionales que fijan población en el medio rural, como la agricultura ecológica o la ganadería extensiva. Consideran que la evaluación ambiental “proyecto a proyecto” no detecta adecuadamente estos impactos acumulativos y reclaman una evaluación ambiental estratégica global.
La organización cuestiona además la falta de transparencia en la metodología que ha utilizado la Junta para determinar qué terrenos poseen “Alta” o “Muy Alta Capacidad”. Señalan que la resolución menciona la protección de dehesas y suelos productivos, pero no especifica qué criterios, capas cartográficas o ponderaciones se han empleado, lo que impide el control social y técnico sobre si realmente se protege lo que se afirma. Sin una metodología pública, sostienen, no puede garantizarse una planificación responsable.
Finalmente, Ecologistas en Acción denuncia la ausencia de participación ciudadana en la elaboración de esta resolución, pese a que afecta a un 15 % del territorio extremeño y puede determinar la instalación de macroproyectos. Por ello, ha registrado ante la consejería una solicitud formal de información amparada en las leyes de transparencia y acceso ambiental, reclamando la memoria técnica completa, la metodología utilizada, las capas cartográficas y un análisis de impacto acumulativo que justifique la ausencia de una evaluación ambiental estratégica.
