Los casi cuatro meses de negociación entre PP y Vox han estado marcados por importantes escollos en materias como igualdad, inmigración y presupuestos. Finalmente, el texto del acuerdo de gobierno no plasma ninguna postura de Vox en asuntos relacionados con la igualdad, la lucha contra la violencia de género o los derechos del colectivo LGTBI, pese a las discrepancias surgidas durante las conversaciones.
El portavoz del PP de Extremadura, José Ángel Sánchez Juliá, ha defendido que el acuerdo “blinda la igualdad, la diversidad y sigue protegiendo los derechos conquistados por las mujeres y por el colectivo LGTBI”. Sin embargo, el líder regional de Vox, Óscar Fernández, ha restado importancia a estas cuestiones al señalar que “hemos priorizado otras cosas en lugar de esa”.
Donde sí están claramente presentes las demandas de Vox es en materia de inmigración. El acuerdo recoge que el Gobierno regional rechazará cualquier reparto de personas migrantes, realizará pruebas de determinación de edad para comprobar quiénes son menores y trabajará en su devolución a los países de origen. En este sentido, el diputado de Vox Ignacio Garriga ha afirmado que “hay que poner freno a la invasión migratoria, frenar su llegada en situación irregular y devolverla a sus lugares de origen”.
Además, el pacto contempla la prohibición del uso del burka y el niqab en edificios y espacios públicos dependientes de la Junta, así como la eliminación de las clases de lengua árabe y cultura marroquí que se imparten en centros educativos de Talayuela. A ello se suma la prioridad nacional, que exigirá arraigo en la región para acceder a ayudas públicas, prestaciones sociales, viviendas protegidas o alquileres sociales. Garriga ha calificado esta medida como “un hito muy importante que queremos poner en valor y que será un eje estratégico”.
El acuerdo también establece que las personas en situación irregular quedarán excluidas de las prestaciones públicas y que solo recibirán atención sanitaria en situaciones extremas, en clara oposición al planteamiento del Gobierno central sobre la sanidad pública universal.
En el ámbito económico, se prevé un recorte en las subvenciones públicas, con una reducción del 50 % para sindicatos y patronal y un tijeretazo aún mayor en las destinadas a cooperación al desarrollo. En general, el texto fija que cualquier subvención deberá justificar su destino y su utilidad pública, endureciendo los criterios para su concesión.
