El caso judicial que salpica a Miguel Ángel Gallardo, presidente de la Diputación de Badajoz y secretario general del PSOE en la región, ha generado incertidumbre jurídica sobre su nuevo estatus como aforado.
Gallardo recogió su acta de diputado autonómico el miércoles, pero no tomará posesión del escaño hasta el pleno del 29 de mayo. Este limbo institucional ha abierto un debate: ¿es ya aforado? ¿Debe ser juzgado por la Audiencia Provincial de Badajoz o por el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura?
Debate sobre el aforamiento
Para el ministro de Justicia, Félix Bolaños, no hay dudas: “Tiene acreditación como diputado desde el viernes, eso es un hecho objetivo”. La Asamblea de Extremadura respalda esta postura. Algunos penalistas, como Juan José Collado, también: “Si ha recogido el acta y es miembro de la Asamblea, estaría aforado”.
Pero no todos lo tienen tan claro. La acusación popular, ejercida por Manos Limpias, defiende que el aforamiento solo se activa con la toma de posesión: “Si esto no se ha producido, no sería diputado con plenos efectos y, por tanto, no es aforado”, afirma el abogado José María Bueno. Por eso, insisten en que la causa debe mantenerse en la Audiencia Provincial.
¿Fraude de ley?
La rapidez con la que se ha acreditado como diputado ha provocado acusaciones de "aforamiento exprés" y posibles sospechas de fraude de ley. “Que se ha retorcido todo no hay dudas. Legal es, pero va a ser difícil que se compruebe como fraude”, sostiene Collado. Otros juristas, como José Duarte, descartan el debate: “La competencia sin duda es del TSJ, y será un proceso rápido”.
Caso David Sánchez
La causa se remonta a junio de 2024, cuando el juzgado de instrucción número 3 de Badajoz abrió diligencias contra David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno, por presunta prevaricación, malversación y tráfico de influencias. La Guardia Civil, a través de la UCO, llegó a intervenir más de 64.000 correos electrónicos y acudió hasta en tres ocasiones a la Diputación pacense en busca de documentación.
Sánchez y Gallardo declararon el 9 de enero. El primero apenas respondió a las preguntas. Gallardo negó haber creado un puesto a medida para el hermano del presidente: Pese a las declaraciones y los recursos de la defensa, la jueza Beatriz Biedma ha decretado juicio oral contra ambos y otros nueve encausados. Pero la acreditación como diputado de Gallardo podría forzar el traslado del caso al TSJEx, alargando los plazos.
