Alberto Casero
El Pleno del Congreso ha aprobado por unanimidad conceder el suplicatorio pedido por el Tribunal Supremo para investigar al diputado del PP Alberto Casero, al que se achacan indicios de delito de prevaricación y malversación por contratos firmados cuando era alcalde de Trujillo (Cáceres).
La Comisión del Estatuto del Diputado, que preside la socialista Adriana Lastra, ya celebró hace una semana una primera votación a puerta cerrada y ya hubo unanimidad de los grupos presentes para aprobar un dictamen favorable a la concesión.
Casero, un estrecho colaborador del ex secretario general del PP Teodoro García Egea que copó las primeras planas por su error que permitió aprobar la reforma laboral, tuvo opción a personarse y presentar alegaciones, pero declinó, con lo que este suplicatorio se ha tramitado con gran celeridad.
El último paso era la votación en el Pleno del dictamen de la comisión, un trámite que también se solventa sin transparencia y ni siquiera se da a conocer el resultado. Los diputados no están obligados a seguir consignas de voto, ya que su voto es secreto, pero según informaron a Europa Press fuentes parlamentarias, ha habido unanimidad para conceder el suplicatorio.
Tras la votación, la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, dispone de un plazo de ocho días, contados a partir del acuerdo del Pleno de la Cámara sobre concesión o denegación de la autorización solicitada, para dar traslado del mismo a la autoridad judicial, advirtiendo de la obligación de comunicar a la Cámara los autos y sentencias que se dicten y afecten personalmente al diputado.
