Congreso
La Ley de Amnistía se registró este lunes en el Congreso de los Diputados. Sin embargo, la polémica norma no comenzará su tramitación hasta la semana que viene, una vez que haya pasada la investidura. Desde la oposición, PP y Vox han puesto en marcha varias iniciativas para evitar su aprobación.
La Mesa del Congreso no ha calificado esta mañana la propuesta de ley, debido a que ayer se presentó muy tarde. Esto implica que su tramitación parlamentaria no comenzará hasta la semana que viene.
A pesar de que sólo se registró con la firma del PSOE, la ministra de Hacienda en funciones y vicesecretaria general del PSOE, María Jesús Montero, ha asegurado que es un texto consensuado con todos sus socios.
PP y Vox tratan de dilatar la aprobación de la ley
Para evitar su aprobación, el líder de Vox, Santiago Abascal, ha presentado ante el Tribunal Supremo una querella contra Pedro Sánchez, por los delitos de cohecho, encubrimiento de delitos o usurpación de funciones del Poder y ha solicitado, como medida cautelar, la suspensión de la sesión de investidura.
Precisamente, el pleno del Senado va a votar hoy una reforma de su reglamento que va a permitir dilatar hasta dos meses la tramitación de la amnistía, un cambio que saldrá adelante al contar el PP con mayoría en la Cámara.
400 beneficiados por la Ley de Amnistía
La Ley de Amnistía es un documento clave para el acuerdo de investidura. Tiene 23 folios y tres puntos clave, empezando por quiénes serán los beneficiados: cerca de 400 procesados.
Se trata de todos los que han participado en el Procés, desde el 1 de enero de 2012 hasta hoy, incluyendo tanto la consulta de 2014 como en el referéndum de 2017, y todo lo que se ocurrió después.
Eso quiere decir que afecta a quienes prepararon esas iniciativas, colaboraron y protestaron después: políticos, asesores... También funcionarios como directores de los colegios donde se celebraron, o los agentes procesados por cargas policiales. Y también beneficiará a quienes organizaron disturbios: los CDR y Tsunami Democratic.
Una vez se apruebe, los jueces tendrán 2 meses para aplicarla.
Referencias a la Constitución
El texto de la ley propone la anulación de procedimientos judiciales y penas relacionadas con el procés independentista de Cataluña. Vuelve a situar el origen del "conflicto político" en la sentencia del Tribunal Constitucional sobre el Estatuto de Autonomía de Cataluña. Cubre, además, eventos significativos como la consulta de noviembre de 2014 y el referéndum de octubre de 2017.
"Estos hechos comportaron una tensión institucional que dio lugar a la intervención de la Justicia y una tensión social y política que provocó la desafección de una parte sustancial de la sociedad catalana hacia las instituciones estatales, que todavía no ha desaparecido y que es reavivada de forma recurrente cuando se manifiestan las múltiples consecuencias legales que siguen teniendo, especialmente en el ámbito penal", dice.
La propuesta de ley está conformada por 16 artículos y dos disposiciones adicionales. La norma no hace referencia a las demandas de independencia de los partidos catalanes y hace hincapié en el respeto a la Constitución Española. En el texto, se marca el objetivo de fomentar un ambiente de convivencia y estabilidad, buscando el progreso económico, cultural y social tanto en Cataluña como en España. La norma subraya la necesidad de que todas las aspiraciones políticas se enmarquen dentro del orden legal vigente.
Además, justifica que sea Congreso y Senado quienes tomen la iniciativa porque "en este tiempo las Cortes Generales han tenido un papel preponderante a la hora de configurar la respuesta de la soberanía popular a ese proceso independentista". "Un papel que esta ley orgánica reafirma al reconocer su competencia y legitimidad para hacer una evaluación de la situación política y promover una serie de soluciones que deben ofrecerse en cada contexto, de acuerdo con el interés general", añade.
Reivindica, asimismo, que "con esta ley orgánica de amnistía las Cortes Generales acuden de nuevo a un mecanismo constitucional que refuerza el Estado de Derecho para dar una respuesta adecuada más de diez años después del comienzo del proceso independentista, cuando ya se han superado los momentos más acusados de la crisis y toca establecer las bases para garantizar la convivencia de cara al futuro".
La ley, eso sí, excluye ciertos casos, considerados como delitos graves tales como actos de terrorismo, y corrupción. Se excluye de esta amnistía procedimientos como los de la presidencia de Junts, Laura Borràs, o los casos de corrupción relacionados con la familia Pujol.
