Las ayudas para paliar los daños de las borrascas en Extremadura y Andalucía entran en vigor desde este viernes, 20 de febrero, tras la publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE) del decreto que movilizará más de 7.000 millones de euros.
Una vez que esté en vigor el decreto, el Gobierno y los ministerios deberán dictar las disposiciones necesarias para la ejecución de las ayudas.
Este paquete de medidas se suma a la declaración de zonas afectadas por una emergencia de protección civil, aprobada el pasado 10 de febrero en Consejo de Ministros.
El decreto prevé ayudas dirigidas a familias y hogares para más de las 12.400 personas afectadas que fueron desalojadas por los fenómenos meteorológicos. En concreto, la compensación va a ser de 150 euros por persona y por día, que será compatible con otras ayudas como la de los daños en las viviendas.
El decreto establece que se cuadriplicará el importe de las indemnizaciones que establece la ley para las personas afectadas por daños personales, daños materiales en viviendas y enseres. En el caso de una familia de cuatro miembros que hayan pasado diez días fuera de su hogar podría percibir una ayuda directa de 6.000 euros, según el Gobierno.
Todas estas ayudas, con efecto retroactivo, van a estar exentas de tributación en el IRPF al igual que el de impuestos de sociedades para las empresas. Tampoco computarán a la hora de recibir el ingreso mínimo.
Un segundo apartado son ayudas para ayuntamientos, con un total de 2.000 millones de euros que se transferirán a los municipios para afrontar la reparación de infraestructuras municipales afectadas por lluvias e inundaciones. Se trata de una transferencia y no un préstamo, por tanto, es un dinero que los ayuntamientos no tendrán que devolver.
La ayuda contempla que el Gobierno anticipará y financiará el 100% de los daños de los municipios afectados y permitirá que se pueda utilizar el superávit de 2025 para que se emplee en inversiones que resarzan los daños provocados por la borrasca.
Asimismo, se flexibilizará la regla de gasto de las comunidades autónomas y corporaciones locales afectadas y se pondrá en marcha un Plan de Empleo de 50 millones de euros dirigido a los ayuntamientos afectados.
Medidas fiscales
El tercer apartado de medidas fiscales incluirá la exención del pago del IBI y la reducción del impuesto sobre actividades económicas en 2026, cuando afecten a inmuebles dañados por las borrascas e inundaciones.
Además, se incluye una reducción de módulos del IRPF y del régimen especial simplificado del IVA para explotaciones y actividades agrarias de la zona afectada. El Gobierno estima que este conjunto de medidas y exenciones fiscales supondrá un ahorro de unos 350 millones de euros para los contribuyentes.
Otra línea estará dirigida a la Seguridad Social. En esta categoría, se contemplan la prestación por cese de actividad para autónomos hasta el 31 de mayo; ERTE por fuerza mayor, con exenciones en la cotización; aplazamiento y moratoria en el pago de cuotas; protección por desempleo para empleadas del hogar; y la reducción de 35 a un mínimo de 5 jornadas reales cotizadas para acceder al subsidio de desempleo en el caso de los trabajadores agrarios eventuales.
El cuarto eje de ayudas contempla recursos para la agricultura y el sector pesquero, que se verá beneficiado con más de 2.100 millones de euros en ayudas directas para explotaciones inscritas en el registro agrario de las zonas afectadas; y 10 millones de euros para armadores de buques de pesca de Málaga, Cádiz y Huelva.
Igualmente, se destinarán 600 millones para la reparación de caminos rurales e infraestructuras asociadas y 163 millones para la reparación de vías ferroviarias de titularidad estatal por parte del Ministerio de Transportes.
Por último, en el apartado de ayudas al comercio, se contemplan subvenciones de 120 millones para la hostelería y comercio minorista de zonas afectadas, y líneas de financiación ICO por 100 millones de euros para daños agrarios por borrascas y para indemnizaciones del Consorcio de Seguros.
