El Gobierno da luz verde a la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal que deja las investigaciones penales en manos de los fiscales. Una reforma que deja a los partidos y los sindicatos fuera de la acusación popular y a la que se oponen parte de las asociaciones de jueces.
Uno de los principales cambios sería quién dirige las investigaciones penales. Hasta ahora son los jueces de instrucción, pero con esta nueva ley esa función la asumirían los fiscales.
Félix Bolaños, ministro de Justicia:
“Homologamos de esta manera nuestro proceso penal a todas las democracias de nuestro entorno europeo y a todas las democracias occidentales. En todo el mundo, en todas las democracias occidentales quien investiga es el Ministerio Fiscal y los jueces juzgan y ejecutan lo juzgado”.
Una modificación que genera controversia entre las asociaciones profesionales. Hay muchas muy críticas, como la Francisco de Vitoria.
Patricia Gutiérrez, portavoz de la Asociación Judicial Francisco de Vitoria:
“Nos oponemos totalmente a que se atribuya la instrucción de los delitos a la fiscalía. Si el Fiscal General del Estado es designado por el Gobierno sin ningún tipo de control ni de filtro previo, y él es jefe de todos los fiscales, incluidos los fiscales que van a llevar a cabo la instrucción, el riesgo de ingerencias políticas, sobre todo en casos de corrupción, se aprecia muy alto”.
En cambio, desde la Unión Progresista de Fiscales creen que con esa reforma se mejora la eficacia de la Justicia, colocando a jueces y fiscales en el papel adecuado.
Félix Martín, presidente de la Unión Progresista de Fiscales:
“En una posición que va a permitir a cada uno de nosotros ejercer nuestra función de manera mucho más eficaz. A la ciudadanía le pedimos confianza. El Ministerio Fiscal no actúa a la sombra de intereses ajenos, sino que actúa para y por las personas”.
También cambiaría el mandato del Fiscal General del Estado, que pasaría a ser de cinco años para no coincidir con el ciclo electoral y desvincularse del gobierno bajo el que se nombra. Y se modificaría la acusación popular. Partidos políticos y sindicatos ya no la podrían ejercer de forma automática. Estaría más limitada que hasta ahora. El texto habla de que debe haber un “vínculo legítimo” con la causa.
