El Consejo de Ministros ha autorizado al Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible a licitar un contrato para la conservación y explotación de carreteras del Estado en la provincia de Badajoz, con un valor estimado de 22,9 millones de euros (IVA no incluido).
La duración es de tres años, con posibilidad de prórroga de dos años y otra adicional de un máximo de nueve meses, ha informado en nota de prensa el Ministerio de Transportes.
Este contrato incluye requisitos para promover la eficiencia energética y la reducción de emisiones y se enmarca en el programa del ministerio para mantener las condiciones de circulación, vialidad y seguridad en la Red de Carreteras del Estado (RCE), asegurando que sea accesible en las condiciones adecuadas a todos los ciudadanos.
Asimismo, recoge actuaciones como la vigilancia y atención de accidentes, la vialidad invernal, el servicio de control de túneles y comunicaciones o el mantenimiento de instalaciones.
Este contrato está destinado al mantenimiento y conservación de 168,497 kilómetros del sector nº02 de la provincia, incluyendo 82,1 kilómetros de autovía.
Las carreteras incluidas en este contrato son la Autovía A-66, en dos tramos. En concreto, entre el límite provincial con Cáceres (km 598) y el acceso norte a Mérida (km 617) y entre el acceso sur de Mérida (km 625) y Zafra (km 687). Además de unos 15 km de vías de servicio.
También la carretera N-630, en tres tramos, que son entre el límite provincial con Cáceres (km 598) y el acceso norte a Mérida (km 618); entre el acceso sur a Mérida (km 625) y el acceso norte a Almendralejo (km 647) y entre el acceso sur a Almendralejo (km 652) y Zafra (km 684).
Junto a las carreteras relacionadas, será objeto del contrato la rehabilitación superficial del firme de la autovía 'Ruta de la Plata' A-66, entre los km 659,567 y 665,400, en el tramo Almendralejo - Villafranca de los Barros.
Dentro de la estrategia de reducción de emisiones y mejora de la eficiencia energética, los pliegos de licitación de los contratos de conservación y explotación de la RCE incluyen objetivos de mitigación y compensación de la huella de carbono, lo que implica que las empresas deberán incluir en sus ofertas el cálculo de la huella de carbono que generarán durante la ejecución del contrato en cada tramo de la carretera.