El Gobierno ha aprobado este martes el Proyecto de Ley por el Derecho a la Vivienda que ahora pasará a las Cortes para su debate. Se trata de la 1ª Ley de Vivienda de la historia de la democracia tras varios intentos fallidos y su objetivo es configurar la vivienda como el quinto pilar del estado del bienestar.
La norma controlará por primera vez los precios de alquiler en zonas tensionadas que definirán los propios ayuntamientos. Incluye entre otras grandes medidas ventajas fiscales para propietarios que bajen el precio del alquiler en zonas tensionadas, las bonificaciones podrían ir del 50 al 90%. Además para evitar viviendas vacías los ayuntamientos también podrán realizar recargas de hasta el 150% de IBI en aquellas viviendas deshabitadas durante 2 años. Un proyecto de ley que incluye el bono de ayuda para los jóvenes y que regular los desahucios.
Según el Gobierno Central no invade competencias autonómicas, un tema que pone en duda el Consejo General del Poder Judicial en su informe sobre el texto. Y al que también se refieren desde el Colegio de agentes de la propiedad de Extremadura. Francisco Marroquín, su presidente asegura que "no sólo invade competencias sino que crea un conflicto entre el derecho a la propiedad privada y el derecho a una vivienda digna".
Según Raquel Sánchez, Ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana "es una ley rigurosa, sólida, compacta y transversal, que blinda la condición social que debe tener la vivienda". Ha asegurado además que "respeta plenamente las competencias autonómicas y que no va en contra de los propietarios sino de la especulación".
Campamento Dignidad considera que la Ley de la Vivienda "no va a facilitar el acceso a la vivienda a los sectores más vulnerables". Juan Viera considera que el texto "se queda corto a la hora de contemplar medidas que beneficien a estos colectivos, aunque destaca, por ejemplo, que se establezcan porcentajes para vivienda pública y para alquiler social". Echa de menos cambios importantes en temas como los desahucios que, asegura, prácticamente no cambian, y asegura que las demás cuestiones dependen del sector privado.
