Ejemplo de datos sobre la situación epidemiológica en Extremadura.
El PP estudia emprender acciones judiciales contra la Junta de Extremadura por, a su juicio, infringir la ley al ser la primera y única comunidad autónoma en dejar de publicar los datos diarios de las personas contagiadas por covid-19, las hospitalizaciones y las muertes en esta pandemia.
En rueda de prensa, el portavoz adjunto del PP extremeño y exconsejero de Sanidad, Luis Alfonso Hernández Carrón, ha dicho que este "apagón informativo" desde el pasado lunes supone un "absoluto error" y se trata de una decisión "injusta" y que conculca el derecho de los ciudadanos y de los medios de comunicación extremeños a recibir información.
Además, ha destacado que es una obligación de las administraciones sanitarias trasladar los datos de la pandemia, como recoge el artículo 43 de la Constitución Española y desarrollan luego distintas leyes sanitarias, en las que se hace hincapié en la transparencia que tienen que tener todas las actuaciones en materia de salud pública, sobre todo en situaciones de riesgos especiales para la población como una pandemia.
A su juicio, "es inadmisible este incumplimiento flagrante de la ley", que establece que se debe informar a los ciudadanos "de forma desagregada para su comprensión , en función del colectivo afectado" y que la información tiene que estar "disponible en condiciones y formatos que permitan su plena accesibilidad".
Para Hernández Carrón, "queda muy clarito en la ley, que la información y los datos son de los ciudadanos, no de la administración", por lo que también "queda meridianamente demostrado que la Junta de Extremadura nos está sustrayendo un derecho a los extremeños".
El dirigente popular ha considerado que este "cerrojazo a la información pública" supone "un nuevo paso en este hermetismo, en esa falta de transparencia a las que nos tienen acostumbrados" el presidente extremeño, Guillermo Fernández Vara, y el consejero de Sanidad, José María Vergeles.
Además, ha definido esta decisión como "políticamente inadmisible" mientras "no haya una decisión consensuada en el Consejo Interterritorial de Salud", porque la La Ley de Salud Pública habla igualmente de coordinación en el seno del Sistema Nacional de Salud.
El portavoz adjunto del PP ha denunciado que llevan meses sin que se convoque la Comisión del Covid-19 en la Asamblea de Extremadura, por lo que exigen su reactivación para que el Gobierno explique las decisiones que adopta en torno a la pandemia.
Ha criticado especialmente que no se les facilite información diaria de la situación de los contagios a los alcaldes, que se ven "abocados al limbo" de la situación que se vive en su municipios, a pesar de que el pasado 23 de diciembre, según ha recordado, Vergeles les envió una carta en la que "les hacía responsables y competentes para la toma de decisiones en caso de fiestas locales, actos públicos y concentraciones sociales".
Por ello, además de estudiar acciones judiciales que obliguen a la Junta a volver a publicar los datos diarios de la pandemia en Extremadura, el PP ha anunciado que promoverá iniciativas parlamentarias y municipales para que el Legislativo regional y los ayuntamientos se pronuncien en contra de esta medida e insten al Gobierno regional a "cumplir la ley".
