Todas las asociaciones de jueces y fiscales, excepto las progresistas, han acordado ir a la huelga tres días en el mes de julio para protestar por las reformas anunciadas por el ministro Félix Bolaños, sobre el acceso a ambas carreras y sobre la Fiscalía, para adaptarla al futuro cambio de modelo del proceso penal, donde las instrucciones pasarán de jueces a fiscales.
En concreto, la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), la Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV), el Foro Judicial Independiente (FJI), la Asociación de Fiscales (AF) y la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF) han apoyado hacer huelga contra el Ejecutivo los días 1, 2 y 3 de julio, además de convocar una concentración el 28 de junio frente a la sede del Tribunal Supremo.
El anuncio se produce un día después de publicarse consultas internas en las que más del 80% de los preguntados en dichas asociaciones se mostraron a favor de cumplir con la advertencia de ir a huelga tras el paro de diez minutos convocado el 11 de junio en las sedes judiciales de todo el país, para reclamar la retirada de estas dos reformas.
En el manifiesto leído durante ese paro del 11 de junio, representantes de estas asociaciones de jueces y fiscales advirtieron de que la "independencia judicial, clave para hablar de una democracia real y de una verdadera integración en la Unión Europea, está bajo amenaza por las recientes iniciativas legislativas".
"No quepa duda de que estas reformas de que hablamos, enmarcadas entre otras que se han ido produciendo, van encaminadas a convertir al Poder Judicial en un poder con minúscula, un poder más débil en su función de contrapeso del poder político, más maleable y sensible a las presiones mediáticas y del poder, en la senda de las democracias iliberales que, por eso, no lo son realmente", alertaron.
Fiscal general
En el marco del manifiesto, las asociaciones también cargaron contra el anteproyecto de ley que reforma la Fiscalía. "Se quieren aumentar las competencias del fiscal general del Estado, quien, como jefe de todos los fiscales, también de los futuros fiscales de instrucción que quieren crearse, seguirá nombrándose por el Gobierno sin ningún tipo de filtro previo", señalaron.
Y recalcaron que ello, "sumado a la eliminación de garantías de autonomía de los fiscales, incrementará aún más si cabe, en contra de las exigencias europeas, el riesgo de injerencias políticas en las causas de corrupción".
Cuando las asociaciones anunciaron su convocatoria de paro el pasado 23 de mayo, el ministro de Justicia aseguró en declaraciones a la prensa a la salida del Senado que los "temores" de las asociaciones eran "infundados". Bolaños ha reivindicado en todo momento que estas reformas son "imprescindibles" para avanzar hacia una "Justicia del siglo XXI", al tiempo que ha recordado que la reticencia al cambio en los togados es algo "habitual".
