La Comisión para la Reconstrucción Económica y Social deja a un lado, en materia educativa, a la concertada. El documento de política social aprobado por el Congreso incluye 2.000 millones de euros que se tranferirán a las distintas comunidades autónomas para afrontar el nuevo curso tras la crisis sanitaria.
1 de cada 5 alumnos extremeños estudia en un centro de educación concertada
Además habrá un incremento de las inversiones pero su totalidad, reza el texto, irá destinado a la educación pública de gestión directa. Esto ha generado ampollas entre la comunidad concertada. Los sindicatos recuerdan que el 20 por ciento del alumnado de la región estudia en centros de este tipo. Y tanto a ellos como a las familias y docentes se les da la espalda.
El texto para la reconstrucción también insta a los gobierno regionales a mejorar los derechos laborales de los docentes y a incrementar progresivamente los puestos escolares en la red de centros de titularidad pública.
Pone el acento en la lucha contra la segregación escolar asociada a la vulnerabilidad sociocultural y económica familiar o la discapacidad y en la necesidad de garantizar la inclusión. En este sentido la Asociación de Dodcentes de Enseñanza Concertada, ADECEX, piden a la Junta que si los centros concertados cumplen esos requisitos también reciban parte de la subvención.
Por su parte CONCAPA, la Confederación Católica Nacional de Padres de Familia y Padres de Alumnos, sienten que son excluídos y discriminados. Acusan el gobierno de coalición de sectarismo ideológico en su toma de decisiones.
La Junta llama a la calma
La Junta de Extremadura ha evitado valorar un borrador que todavía puede ser modificado. Lanza un mensaje de tranquilidad. El gobierno regional está teniendo en cuenta todos los escenarios posibles de cara al nuevo curso cuyas conclusiones darán a conocer pronto. Unos planes en los que entran todos los centros gestionados con fondos públicos, también los concertados.
