El Pleno del Parlamento Europeo ha aprobado este martes la reforma de la Política Agrícola Común (PAC) para 2023-2027 y ha puesto fin, con este voto, a tres años y medio de negociaciones en la Unión Europea (UE).
La Eurocámara ha ratificado el acuerdo alcanzado en junio por las instituciones de la UE sobre la nueva PAC, que primará más las medidas medioambientales dentro de las ayudas agrícolas y que vinculará las subvenciones al cumplimiento de los derechos laborales; además, otorga a los Gobiernos más margen en la aplicación de esta política.
La normativa ha sido calificada durante su debate como la reforma de la PAC más ambiciosa en los últimos 30 años; afecta a diez millones de empresas agrícolas de la UE, a 695.000 beneficiarios españoles y contará con un presupuesto de 386.000 millones de euros para el campo comunitario, 47.724 millones para España.
Afecta a diez millones de empresas agrícolas de la UE, a 695.000 beneficiarios españoles y contará con un presupuesto de 386.000 millones de euros para el campo comunitario, 47.724 millones para España.
La PAC de los 'ecoesquemas'
La nueva PAC introduce los llamados “eco-esquemas” o pagos que supondrán un 25 % de las ayudas directas, otorgados a prácticas beneficiosas para el medio ambiente.
En cuanto a los planes nacionales, los Gobiernos deberán remitiros a la Comisión Europea antes del 31 de diciembre.
Por primera vez, la PAC incluye una “condicionalidad” social, lo que significa que solo las explotaciones que respeten los derechos laborales recibirán ayudas agrícolas, lo que empezará a aplicarse con carácter voluntario a partir de 2023 y obligatorio desde 2025.
Los Gobiernos repartirán al menos el 10 % de las ayudas a las explotaciones agrícolas más pequeñas y los países tendrán que explicar en sus planes estratégicos cómo planean hacerlo.
La nueva PAC fijará un nuevo nivel mínimo obligatorio de apoyo a los jóvenes agricultores, del 3 % de los presupuestos de los países para el apoyo a la renta.
Dentro de los planes de desarrollo rural -cofinanciados por los países para actividades distintas o complementarias a la agricultura- al menos el 35 % de las ayudas serán para actuaciones medioambientales.
El acuerdo introduce una nueva reserva agrícola para financiar medidas de mercado en tiempos de crisis, con un presupuesto anual de al menos 450 millones de euros.
