El caso de presunta compraventa de un bebé recién nacido en el Hospital Don Benito-Villanueva de la Serena, es un caso inédito en la región y que genera muchas incógnitas legales. La principal controversia, es si se trata de un caso de gestación subrogada o directamente de la presunta venta de un bebé, y en ese caso a qué penas se enfrenarían los compradores.
El Fiscal Superior de Extramadura, Francico Javier Montero nos ha ayudado a esclarecer algunos de estas cuestiones.
¿De qué estaríamos hablando?
Tras los primeros datos de la investigación señala, que se trataría de un presunto caso de venta o entrega bajo precio de un menor. Un delito recogido en el artículo 221 del Código Penal.
No se descarta por completo la gestación subrogada, señala Montero, porque existe un cierto limbo legal al respecto, y "porque el delito sería la venta de un menor, con independencia de que sea tu hijo o no, es un menor, esto es un delito" y a lo que apuntan los primeros indicios. Aunque habría quue ver qué detalles se van conociendo durante la investigación.
¿A qué penas se enfrentarían?
Con respecto a las penas a las penas a la que se enfrentarían los investigados. El caso del delito de venta de un bebé, estaría penado con entre uno y cinco años de prisión. Aunque, esa horquilla se individualiza en función de las circunstancias concurrentes, es decir, "el rol que ha tenido cada uno en su intervención, incluso se podría estudiar la situación económica o social de la madre gestante".
Además también se les podría sumar penas por otros delitos como falsesad documental, si así se demuestra. La Fiscalía se habría planteado también de forma teórica la detención ilegal, es decir la falta de libertad del menor para optar dónde está, pero finalmente se ha descartado.
¿Qué ocurre con el bebé?
Sobre la situación del bebé, señala el Fiscal Superior que lo normal que es que quede protegido por los Servicios Sociales de la Junta de Extremadura.
¿Qué papel tiene la Fiscalía?
La Fiscalía está presente en este procedimiento perseguible de oficio. Un caso, asegura Montero, muy grave. Tras la declaración de los detenidos instarán a que se adopten las medidas cautelares oportunas para proteger al menor y evitar la fuga de los implicados. De momento, no se contempla la prisión provisional.
