De las 65.000 víctimas con casos más graves de violencia de género, sólo el 0,23 % tienen una medida cautelar para proteger a los niños.
María Eugenia Prendes Menéndez, Fiscal de Sala de Violencia de la Fiscalía General del Estado ha asegurado que “España tiene leyes muy buenas, pero con una aplicación y dotación económica deficiente”. Lo ha dicho durante las jornadas 'Violencia vicaria en Extremadura. Una mirada jurídica y sanitaria para una realidad multidisciplinar', que se celebran este lunes en Badajoz. Allí también ha destacado la importancia de la formación en materia de violencia de género para fiscales y recuerda que la respuesta debe ser integral, implicando a sanidad, educación y servicios sociales: “El sistema judicial es la última frontera; hay que actuar antes de llegar al derecho penal”.
Por su parte, Ana María González Ortiz, presidenta de la Asociación Mujeres Libres Mujeres en Paz, que organiza estas jornadas, ha puesto también sobre la mesa una realidad preocupante: la normativa que protege a los menores víctimas de violencia de género no se cumple en la práctica.
González Ortiz recuerda que desde 2015 la legislación española reconoce como víctimas a todos los niños y niñas que viven en hogares donde sus madres sufren violencia de género, pero “nadie está atendiendo a esas víctimas”.
Y citaba datos del Consejo General del Poder Judicial: entre las 65.000 víctimas más graves, solo el 0,23% cuenta con una medida cautelar para proteger a los menores. “Estamos incumpliendo la ley”, denuncia. Recuerda, además, que la norma prohíbe el contacto de los niños con los maltratadores salvo casos excepcionales, pero “la mayoría de hijos e hijas siguen obligados a ver a sus agresores"; incluso 800 niños en España van a la cárcel a visitar a sus padres, añade.
Desde la Junta, ha participado en las jornadas la secretaria general de Igualdad, Ara Sánchez, que asegura que la violencia vicaria es “una de las manifestaciones más crueles y devastadoras de la violencia de género”. En España, 65 menores han sido asesinados en este contexto y 500 han quedado huérfanos.
El mensaje común es claro: cumplir la ley, reforzar la protección de la infancia y actuar de forma coordinada para erradicar una violencia que sigue dejando cifras alarmantes.
