La investigación atribuye el delito de tortura a tres agentes de la Comisaría de Mérida

La investigación del caso Minuro-Peces atribuye a los policías de la Comisaría de Mérida detenidos más de diez delitos. Según diversas fuentes del caso consultadas por Extremadura Noticias, a lo largo del extenso y prolijo sumario se apunta a delitos de denuncias falsas, tenencia ilícita de armas, delitos contra la salud pública, blanqueo de capitales, revelación de secretos, infidelidad en la custodia de documentos, omisión del deber de perseguir delito, falsedad documental. También se señalan posibles delitos de receptación (por aprovecharse conscientemente de un delito o recibir, adquirir u ocultar sus bienes) y contra el patrimonio.

Pero el delito más llamativo es, sin duda, el de tortura. Un presunto "abuso de autoridad para obtener ilegalmente confesiones o castigar a ciudadanos produciéndole sufrimientos físicos o mentales" que se atribuye a tres de los agentes de policía detenidos el pasado 15 de septiembre y que habrían cometido en la propia comisaría. Dentro de ese mismo tipo penal, se atribuyen diferentes niveles de gravedad según el agente implicado.

Cámaras de seguridad y teléfonos pinchados

Las diligencias señalan que la Brigada de Estupefacientes formaría parte de una organización criminal desde al menos 2017, fecha en la que habría arrancado la investigación.

Asuntos Internos controlaba y vigilaba a los agentes de la Comisaría a través de las cámaras de seguridad. También les tenían pinchados los teléfonos. En ese sumario aparecen trascripciones literales de las conversaciones que mantenían los policías y que habrían desencadenado nuevas investigaciones sobre sus actuaciones.

La acusación denuncia "hechos muy graves"; la defensa cree que "no hay ni una décima parte de lo que se ha dicho"

Alfredo Pereira, abogado de uno de los ciudadanos que denunció a los agentes, confirma que tras la lectura del sumario mantendrá todas las acusaciones contra los detenidos y espera que los hechos se esclarezcan cuanto antes en beneficio de su defendido. "Son unos hechos muy graves, no solo por las penas que acarrean sino por quien los comete", explica Pereira.

"Son unos hechos muy graves, no solo por las penas que acarrean sino por quien los comete"

Sin embargo, la defensa considera "débiles" las pruebas: "No hay ni la décima parte de lo que se ha dicho", rebate Santiago Sánchez, abogado de uno de los agentes en prisión provisional. "Algo habría, pero más que nada serán infracciones administrativas", aventura Sánchez, que espera también que su defendido pueda salir pronto en libertad provisional, como se ha decretado en el juzgado de Alicante donde surgió el caso y se instruye parte del mismo.

"No hay ni la décima parte de lo que se ha dicho"

El lunes 15 de noviembre se celebra una importante vista en la que se expondrán nuevas pruebas; tras esa fecha, podría tomarse una decisión sobre la situación penitenciaria de los implicados en el caso. Hoy está previsto que declare en los juzgados de Mérida otra de las investigadas en esta operación antidroga. Se trata de una mujer que no guarda relación con los agentes de la Comisaría de Mérida.