La Junta de Extremadura ha afirmado este miércoles que los polémicos desembalses de este verano por parte de Iberdrola en el Parque Nacional de Monfragüe no han tenido afecciones en hábitats ni especies protegidas, pero sí en el paisaje y en la calidad del agua del río Tajo en la cola del embalse de Alcántara (Cáceres).
Así lo ha manifestado el director general de Sostenibilidad, Jesús Moreno Pérez, en la Comisión de Transición Ecológica de la Asamblea, en la que ha comparecido, a petición de Cs, para informar sobre las posibles repercusiones ambientales provocadas estos desagües.
En su intervención ha reconocido que los desembalses realizados en el Tajo son un ejemplo de "malas prácticas" pues se han realizado "exclusivamente" con criterios de producción de energía y sin tener en cuenta los posibles efectos ambientales.
Sin embargo, respecto a los posibles daños ambientales, ha señalado que no ha habido afección directa a hábitats ni especies catalogadas ni se ha detectado muerte de fauna piscícola.
Por contra, los valores de algunos parámetros recogidos en los análisis realizados por la Dirección General de Sostenibilidad han puesto en evidencia una calidad del agua "deficiente" en algunos puntos, lo que llevó a la apertura de un expediente informativo en septiembre, que aún no ha concluido.
La situación más compleja se ha producido en el tramo del río Tajo aguas abajo del embalse Torrejón-Tajo, especialmente desde la presa hasta el puente del Cardenal, debido a una calidad del agua "deficiente" asociada al crecimiento de algas y cianobacterias en descomposición con un "preocupante" episodio de eutrofización y mal olor debido a la presencia de amonio.
Según ha explicado el director general, la Junta sigue recopilando información a través de CHT para verificar el alcance de la afección a la calidad del agua por si hubiera derivado una alteración grave de las condiciones del parque.
Al margen de ello, Moreno ha subrayado que el hecho de que la Consejería no tuviera conocimiento previo de los desembalses por parte de Iberdrola y de que las competencias sean de la Confederación Hidrográfica del Tajo (CHT) "no supone que no hayamos actuado al respecto".
Ha detallado que se mantuvieron reuniones con el Ministerio para la Transición Ecológica en las que se reivindicaron "actuaciones legales urgentes" frente a los riesgos ambientales y la afección a otros aprovechamientos, así como la fijación de una cuota mínima para los embalses y limitaciones a la discrecionalidad temporal para turbinar.
Tras ello, ha relatado, el Ministerio informó del inicio de un expediente informativo por parte de la confederación, del que "no tenemos información de cómo va evolucionando", y aprobó un real decreto por el que se modifica la Ley de Aguas para garantizar unos límites en los caudales mensuales a desembalsar y unos volúmenes mínimos de reservas.
"Esto es introducir en la Ley de Aguas criterios de utilización racional de los recursos que permitan evitar efectos indeseados sobre la flora y la fauna", ha destacado el director general.
Ha precisado, además, que tras la publicación de este real decreto ley, la Consejería se ha vuelto a dirigir a las confederaciones en el marco de un expediente informativo abierto para requerirles información sobre las actuaciones desarrolladas.
Al margen de la calidad del agua, ha señalado que otras afecciones al parque nacional han sido al paisaje, por el bajo nivel del embalse y el desarrollo de las algas y el color del agua, "que ha sido claro", y también en actividades turísticas, como por ejemplo el barco de Monfragüe.
Respuesta de la oposición en la Asamblea
Por su parte, el diputado de Cs Óscar Baselga ha acusado al Ejecutivo de "dejación de funciones", ha pedido la dimisión de la consejera del ramo y ha preguntado al Gobierno si se ha planteado sancionar a Iberdrola por este "saqueo".
Más allá ha ido la diputada de Unidas por Extremadura Irene de Miguel al señalar que no se ha visto "el más mínimo gesto de condena" en el presidente de la Junta ante estos desembalses porque supondría "apretar las tuercas" a una empresa "a la que quizás deba favores personales".
El diputado del PP Bibiano Serrano se ha pronunciado en términos similares al afirmar que "había que mirar para otro lado" para intentar conseguir reducir el precio de la electricidad en España, "que es de escándalo", y ha lamentado que al final "esto va a quedar en nada".
Por su parte, el socialista Carlos Labrador ha valorado que el Gobierno central haya aprobado un real decreto "para que hechos similares nunca más vuelvan a ocurrir" y ha recriminado a PP y Cs que votaran en contra de su convalidación en el Congreso de los Diputados.
