El futuro del sector del tomate en Extremadura está en el centro del debate. La Junta de Extremadura y las organizaciones agrarias analizan los precios fijados por la industria para la compra del tomate extremeño, establecidos en 107 euros por tonelada, una cifra por debajo de las expectativas de los productores, quienes reclaman la intervención de las administraciones. Todas las organizaciones agrarias coinciden en que la Junta de Extremadura podría haber hecho más. Consideran que podría haber mediado para acercar esos precios y haber utilizado la Ley de la Cadena Alimentaria.
Sin embargo, desde la Consejería de Agricultura explican que esa ley no le da las herramientas necesarias para fijar esos precios orientativos que piden las organizaciones agrarias. Por ello, van a solicitar la modificación del texto en la sectorial de agricultura para que sea más eficiente.
Elaboración de un estudio
El desacuerdo en torno a los precios ha puesto de manifiesto un problema estructural del sector: la falta de consenso sobre el coste real de producción por tonelada de tomate. Ante esta situación, las organizaciones agrarias Apag Extremadura Asaja y La Unión han solicitado a la Junta la elaboración de un estudio que permita establecer un precio oficial de referencia que garantice la rentabilidad de los agricultores.
Por su parte, la Unión de Pequeños Agricultores ha reforzado esta petición y, además, ha criticado la inacción de la Junta en este asunto. Consideran que es imprescindible contar con datos oficiales que respalden la postura de los productores frente a la industria.
Desde la Consejería de Agricultura, sin embargo, defienden su postura y recuerdan que la Ley de la Cadena Alimentaria impide a la administración fijar el coste de producción, limitándose a la publicación de costes orientativos. Pese a ello, se muestran abiertos a trabajar con las organizaciones agrarias para buscar soluciones que garanticen la sostenibilidad del sector.
