El Estado debe a Extremadura más de 10.000 millones de euros, insiste la Junta. Una cifra que ya había dado la presidenta extremeña, María Guardiola, pero que hoy ha desglosado la consejera de Hacienda, Elena Manzano, en el pleno de la Asamblea de Extremadura. Más de 8.000 millones de euros corresponderían a las diferencias de inversión en Extremadura respecto a otras comunidades autónomas, más de 900 millones se calculan en relación a los fondos de compensación y otros 1.400 millones corresponderían con el 1% del PIB, que recoge nuestro Estatuto de Autonomía.
Para reclamarlos, Extremadura solicita que se convoque la Conferencia de Presidentes, y que se tengan en cuenta los principios de justicia, igualdad, autonomía financiera y coordinación entre todas las regiones, así como los criterios de superficie y envejecimiento de la población.
Todos los grupos se han mostrado a favor de reclamar, de la mano con la Junta, un modelo de financiación más justa para Extremadura. Pero la tensión entre ellos parece que no hará fácil el camino. PSOE y Unidas por Extremadura han reprochado a la consejera que se firmara, en febrero, una declaración institucional "para hacerse la foto" y luego no se haya querido, aseguran, negociar en el Parlamento.
La consejera se ha defendido de esas acusaciones subrayando que el PP ha apoyado en la Asamblea la propuesta socialista de una comisión de estudio de financiación autonómica. Y que es el gobierno central el que tiene que dar el primer paso para luego decidir qué es lo que quiere reclamarse desde Extremadura. Pero los grupos de izquierda opinan que primero hay que negociar aquí y estar listos para cuando el Estado defina su modelo. Un modelo, que, según el PSOE, debería eliminar la ordinalidad, que beneficia a regiones con más renta como Cataluña o País Vasco.
El PP ha reprochado a los socialistas que ese principio se introdujera en el Estatut en época de Zapatero y, coincidiendo con VOX, han dicho temer que el nuevo modelo premie a Cataluña. Para Unidas por Extremadura, si el debate en la Asamblea de Extremadura sobre financiación se centra solo en Cataluña, se estaría cometiendo un error porque "el problema es mucho más complejo". El PSOE por su parte consideraría un error enfrentarse con el Estado y pide un frente común por el bien de los intereses de la región.