Los consejeros de Empleo y Agricultura de Extremadura se han reunido con las principales organizaciones agrarias para abordar la creciente falta de mano de obra en el sector agrícola, un problema que preocupa especialmente de cara a las próximas campañas de recolección. Entre las propuestas destacadas está la posibilidad de traer trabajadores extranjeros con contratos en origen y regularizar la situación de los migrantes irregulares ya presentes en el país.
Contratar trabajadores extranjeros
Hace dos semanas, la Organización Agraria La Unión solicitó la colaboración de la Junta para poner en marcha una experiencia piloto que facilite la contratación de trabajadores extranjeros. A su vez, UPA-UCE ha pedido depurar las listas del paro para permitir contratar a migrantes sin papeles en regla, mientras que Apag Extremadura Asaja y Asaja Cáceres sugieren compatibilizar el cobro de prestaciones con los contratos de trabajo en el campo.
El consejero de Empleo ha expresado su disposición a colaborar pese a que las competencias migratorias dependen del Gobierno central: “Vamos a escuchar sus demandas y trasladarlas al Gobierno central para que puedan tener los trabajadores que necesitan en las mejores condiciones posibles”. Además, la Junta se ha comprometido a coordinarse con Andalucía para llevar una posición común al Ejecutivo.
Otras medidas
Entre las principales demandas del sector está la modificación de la ley de extranjería para facilitar la contratación en origen, aunque también proponen otras soluciones. Juan Metidieri, de Apag Extremadura, ha instado a estudiar “todas las vías posibles para dar una solución al problema de mano de obra en todos los sectores”.
Por su parte, Ignacio Huertas de UPA-UCE ha sugerido que la Junta podría construir infraestructuras de alojamiento para los trabajadores temporales y ofrecer medidas de apoyo para mejorar la mecanización agrícola.
Luis Cortés, de La Unión, considera que la necesidad de voluntad política para otorgar permisos especiales a migrantes irregulares es fundamental: "Se necesita voluntad política para dar permiso especial a esos trabajadores y que puedan vivir dignamente en España".
Las organizaciones agrarias estiman que el sector necesita entre dos y tres mil trabajadores para cubrir la demanda de mano de obra en Extremadura