La gestión del monte está siendo objeto de debate tras la ola de incendios en España. La Ley de Montes es la que regula la mayor parte de las actuaciones en terreno forestal. Y en Extremadura existe, además, el Decreto 134/2019, de 3 de septiembre, que marca lo que se puede y no se puede hacer en el monte.
"Actuaciones como el desbroce, eliminar matorral, retirar árboles caídos, etc, pueden hacerse, en función de los límites de superficie afectada, sin autorización. El resto, también están permitidas con autorización", explica Gerardo Moreno, catedrático de la Universidad de Extremadura.
No es cierto, por tanto, que planes de acción como la agenda 2023 prohíban la poda o el desbroce del monte. Ni en terreno público ni privado. "Hay unos calendarios para desbrozar, para podar, para entresacar la madera...esa es la limitación que hay. Pero las actuaciones agrícolas tradicionales se pueden seguir realizando", afirma José Gabriel González, ingeniero técnico forestal.
Los espacios protegidos también están en el punto de mira. En la región, en torno al 30 por ciento del territorio se considera protegido. Pero no es cierto que en ellos se impida actuar. Simplemente ha de estar supervisado por un agente del medio natural. Carlos Garrón, portavoz de Ecologistas en Acción, lo ejemplifica: "Si tenemos un nido de cigüeña negra en un alcornoque, y queremos descorchar, te van a decir que esperes a una fecha para que el pollo de cigüeña negra haya volado y ya lo puedes realizar".
¿Por qué, entonces, hay tanto combustible? Los expertos señalan dos razones. Por un lado, no es rentable, ni para la administración ni para un propietario particular porque "puedes estar varios años limpiando el monte, pero no tener ningún tipo de rendimiento". Por otro lado, falta gente en los entornos rurales "que sustente y respalde la ganadería. Poca gente, ya sea mayor o joven, quiere estar en el monte detrás de una piara de ovejas o cabras".
La mejor solución contra este problema, señalan, está en repoblar los entornos rurales.
