El próximo jueves, 22 de diciembre, el Senado validará la controvertida reforma penal, aprobada por el Congreso de los Diputados ayer tarde. Eso, si el Tribunal Constitucional no suspende su tramitación.
Esa reforma rebaja las penas por malversación impropia, "cuando no haya sido en beneficio propio". Ese cambio "obligará" a estudiar las condenas en Extremadura de los últimos años, reconoce el fiscal superior de Extremadura, Francisco Javier Martos, en una entrevista con Canal Extremadura Televisión.
"Habrá que ver caso por caso y es posible que alguna condena se vea disminuida", nos ha dicho. "Las sentencias que estén en marcha por malversación tienen que ser revisadas".
Eso, según nos explica, no quiere decir que se vayan a rebajar todas las condenas, sino que "hay que comprobar si se le puede imponer una menor pena conforme al nuevo Código Penal". "Todos los supuestos delictivos, condenados en firme, y cuya sentencia no esté cumplida totalmente tienen que ser revisados: eso es que hay que estudiar qué norma se aplicó, la incardinación en el Código Penal nuevo y si la nueva pena es más favorable".
Y ello, reconoce, es un procedimiento "muy complejo".
De 12 a 4 años por malversación impropia
En determinados supuestos, antes se podía llegar a una pena bastante severa de hasta 12 años, y algunos ahora podrían quedarse en 4.
"Se va a tener que hacer ese proceso de revisión para ver si esa conducta punible, esa conducta por la que se sentenció a una persona por delito de malversación, tiene acomodo en la nueva legislación y tiene una menor pena". En la región, según las estadísticas de Fiscalía, cuando hablamos de condenas por malversación no son muchas. "Serían un puñado de casos, unas 10 o 15".
Según explica el fiscal superior de Extremadura, en los casos de malversación impropia las penas disminuirán ostensiblemente y pueden afectar a las condenas en marcha y que sean firmes. Habrá que ver, entre otros, "si yo me quedé con el dinero público y lo incorporé a mi patrimonio o lo dediqué a otros usos distintos".
¿Y qué pasa con los casos que están siendo investigados?
El fiscal superior de Extremadura tiene clara su respuesta a este pregunta: "puedo afirmarlo categóricamente, que se les va a aplicar el nuevo Código Penal".
La reforma de la malversación podría rebajar la condena del diputado popular, Alberto Casero. Con la ley actual, si es condenado, se enfrentaría a entre 4 y 8 años de prisión por un supuesto delito de malversación al adjudicar cinco contratos por 94.000 euros cuando era alcalde de Trujillo, aunque sin ánimo de lucro. Con este matiz, según la reforma, si devuelve el dinero más los intereses, la pena bajaría a entre 6 meses y 3 años.
Otros casos en el banquillo por malversación
En la región hay otros juicios pendientes por malversación, como a la que fuera consejera socialista de Cultura y Turismo, Manuela Holgado. Juicio en fase de calificación. O a los tres últimos alcaldes de la localidad pacense de Zafra. Luego están los condenados, una media treintena en Extremadura en los últimos años.
El catedrático de Derecho Penal de la Universidad de Extremadura, Emilio Cortés, cree que "la única explicación para la reforma de la malversación y de la sedición es beneficiar a los condenados por el procés".
Y añade: "esta norma es beneficiosa para determinadas formas de malversación, no solo lo será para los amigos del procés sino que también lo será para el resto de personas que estén pendientes de juicio por un delito de malversación de esa naturaleza o que hayan sido condenadas por ese delito".
