El proceso de regularización impulsado por el Gobierno permitirá conceder permisos de trabajo y residencia a personas migrantes, una medida que podría convertirse en una vía para paliar la escasez de mano de obra en Extremadura. Sectores como la construcción, la dependencia, la hostelería o la agricultura miran con expectación el impacto real que pueda tener en el empleo regional.
Luis Octavio es uno de los muchos migrantes que aguardan esta oportunidad. Lleva más de un año intentando regularizar su situación en España, tras solicitar asilo sin haber obtenido todavía una respuesta definitiva. Su llegada no fue fácil: "Yo vine sin nada, prácticamente vine sin ropa", cuenta. Ahora espera que el nuevo proceso le permita trabajar legalmente y empezar una nueva etapa.
Su objetivo va más allá del empleo. "Ojalá que así sea, porque necesitamos reunirnos toda la familia y establecerme económicamente", señala, reflejando una realidad común a muchos migrantes que buscan estabilidad personal y laboral tras meses, e incluso años, en situación administrativa irregular.
Mientras tanto, organizaciones sociales como ACCEM desempeñan un papel fundamental. La ONG asesora de manera integral a Luis Octavio y a centenares de migrantes en la región. Desde su equipo jurídico valoran muy positivamente la nueva norma. Su abogado, Álvaro García, destaca que "va a permitir igualar derechos a personas que llevan aquí mucho tiempo, que ya están arraigadas, y eso también beneficiará a la sociedad, porque estas personas pueden aportar beneficio económico, sobre todo en sitios como Extremadura".
Falta de mano de obra en hostelería, dependencia y construcción
Ese beneficio es precisamente lo que esperan muchos empresarios. En la hostelería, la falta de trabajadores se ha convertido en un problema estructural. José Luis Mosquera, presidente de Fedexbares, confía en que la regularización ayude a cubrir vacantes: "Esperemos que bien, porque venimos demandando mano de obra desde hace mucho tiempo porque no hay. A ser posible, que sea gente de habla hispana y que venga con ganas de trabajar".a
La situación también se deja notar en el sector de la dependencia, donde la demanda crece de forma constante y buena parte del trabajo recae ya en personas procedentes de fuera de España. Sin embargo, desde el sector advierten de obstáculos importantes. Manuel Guerrero, presidente de la Asociación de Empresas de Atención a la Dependencia, señala que "trabajamos en zonas rurales y el gran hándicap que tenemos es que nuestros contratos de jornadas parciales son prácticamente incompatibles con las ayudas o subsidios existentes actualmente", una circunstancia que dificulta la incorporación estable de trabajadores.
Aún más grave es el escenario en la construcción. Las cifras hablan por sí solas: el sector calcula que hay alrededor de 10.000 empleos sin cubrir en toda Extremadura. Desde Pymecon, su gerente, José Luis Iglesias, asegura que la regularización "va a suponer un alivio para que estas personas, ya con su documentación en regla, puedan trabajar de forma legal en empresas de nuestra organización que tanta necesidad tienen de contar con esta mano de obra".
Los empresarios reclaman, además, que se faciliten las contrataciones en origen, una medida que también tendría un impacto directo en la agricultura, especialmente en campañas como la de la fruta.
Con cautela pero también con esperanza, todos los sectores coinciden en lo mismo: comprobar si más papeles se traducen, de forma inmediata, en más y mejor empleo, tanto para las personas migrantes como para el futuro económico de Extremadura.
