La tasa ENRESA obliga a las propietarias de las nucleares a pagar por adelantado el coste de su desmantelamiento y de la gestión, durante cientos de años, de los residuos radioactivos. Un coste que ha subido tres veces en los últimos seis años; la última, el año pasado, un 30%. Los defensores de las centrales creen que esa carga fiscal está siendo la sentencia de muerte del sector. "Se quiere prescindir de la energía nuclear y a base de impuestos consiguen parar la producción", denuncia uno de los ingenieros de la central, Juan Antonio Arjona; "¿Qué empresa puede sobrevivir a una subida de impuestos del 71% desde 2019?, lamenta, en la misma línea, el director de operaciones de Almaraz, Jorge Martín.
Resignados a aceptar la cuantía final, los partidarios de la energía nuclear piden al menos pactar con el Gobierno una prolongación de los plazos de pago: "Se puede pagar diez en dos plazos de cinco o en cinco plazos de dos; si es cuestión de dinero, hay que hablar y acordar cómo pagarlo", propone Eduardo Navas, miembro del Comité de Empresa de la central.
¿Qué empresa puede sobrevivir a una subida de impuestos del 71% desde 2019?
Pero desde otros sectores se defiende tanto la tasa como su cantidad. "Es la única forma legal de poner en práctica el principio de que quien contamina paga", asegura Cristina Rois, de Ecologistas en Acción. El presidente de ENRESA, el exconsejero extremeño José Luis Navarro, defiende los cálculos hechos por los técnicos de la entidad para fijar la tasa; y advierte que reducirla, como propone VOX, "haría que ese dinero de menos para financiar la gestión de los residuos lo acabasen pagando los ciudadanos".
Es la única forma legal de poner en práctica el principio de que quien contamina paga
Más allá de la tasa, el debate sobre la continuidad de Almaraz se extiende a otros muchos ámbitos. Al del impacto ecológico, desde que se extrae el uranio en minas de cielo abierto hasta la posible contaminación del subsuelo y de ríos como el Tajo, como denuncia la asociación portuguesa Quercus. O al de las dudas sobre su seguridad, con riesgos "tan enormes, que no es comparable a nada", según el exconsejero de Medio Ambiente de la Junta de Extremadura, Juan Serna.
Sin embargo, los defensores de la continuidad de Almaraz recuerdan que la central acaba de ser reconocida por su "desempeño excelente" por la Asociación Mundial de Operadores de Centrales Nucleares. Y advierten que el cierre de Almaraz provocará un freno a nuevos proyectos industriales como los centros de datos y un cataclismo socioeconómico en la comarca con la pérdida de unos 4.000 empleos y 100 millones de euros anuales en impuestos. "Estamos empujando a cientos de jóvenes a abandonar Extremadura y siendo cómplices de la despoblación y de la condena a la miseria de la comarca de Campo Arañuelo, denunciaba Jorge Martín, que comparaba la prosperidad que la central ha generado en la comarca con la situación en Valdecaballeros, donde se frenó la puesta en marcha de otra central hace ya cuarenta años y ahora está "80 puestos por debajo" en el nivel de renta regional.
