Todos los consejeros autonómicos que han participado este miércoles en el Consejo de Política Fiscal y Financiera, salvo Cataluña, han trasladado a la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, su rechazo frontal al nuevo modelo de financiación autonómica, al considerar que nace “viciado” por el pacto previo entre el Gobierno y ERC.
Tras más de cuatro horas de reunión, los representantes autonómicos han coincidido en denunciar que el modelo está “precocinado”, responde a una "negociación bilateral con los independentistas" y no soluciona los problemas reales de financiación. Once comunidades gobernadas por el PP, Canarias y las dos comunidades socialistas —Castilla-La Mancha y Asturias— han expresado su oposición y han advertido de que podrían recurrirlo ante la Justicia.
Durante el encuentro, María Jesús Montero ha asegurado que la adhesión al nuevo sistema será voluntaria y que se abrirán negociaciones bilaterales, una propuesta que no ha servido para rebajar el malestar generalizado entre las comunidades de régimen común.
Postura de Extremadura
Especialmente crítica se ha mostrado la consejera extremeña de Hacienda en funciones, Elena Manzano, que ha denunciado una “falta absoluta de respeto institucional” y ha insistido en que lo presentado “no es un modelo de financiación autonómica”, sino un acuerdo político para beneficiar a Cataluña. A su juicio, el planteamiento vulnera principios constitucionales como la igualdad, la suficiencia financiera y la autonomía de las comunidades.
Manzano ha advertido además de que Extremadura no recibiría fondos del reparto anunciado, lo que considera “una aberración jurídica y técnica” que pone en riesgo la prestación de servicios públicos esenciales como la sanidad y la educación.
