Las empresas de transporte de viajeros de Extremadura muestran una creciente preocupación ante el fuerte incremento del precio del combustible, un coste que representa entre el 60 y el 70% de sus gastos totales. Muchas de estas compañías mantienen contratos con precios cerrados, especialmente en servicios como el transporte escolar, lo que impide repercutir la subida del carburante. “De no encontrar una solución válida, podríamos vernos abocados a dejar de prestar estos servicios, porque ya trabajamos prácticamente a pérdidas”, señala Nerea Carpintero, portavoz de las empresas de transporte asociadas.
La legislación actual no permite revisar los contratos con la Administración, por lo que las empresas confían en que el Gobierno central apruebe este viernes ayudas de hasta 25 céntimos por litro para compensar el sobrecoste. Carpintero reclama una medida excepcional que permita flexibilizar la normativa.
El consejero de Economía en funciones, Guillermo Santamaría, coincide en la necesidad de que el Ejecutivo central actúe con rapidez. Propone medidas ya adoptadas en otros países, como la bajada de impuestos, en especial del IVA y ayudas directas a los sectores más afectados. Según explica, estas ayudas deberían ser proporcionales: “Cuanto más suba el petróleo, más deben bajar los impuestos para compensar a familias y empresas”. Santamaría reconoce, además, que la situación es tan grave que las Comunidades Autónomas apenas tienen margen de maniobra.
