Cientos de extremeños llevan más de dos años esperando que les reconozcan su grado de discapacidad. Según CERMI, el Comité de Entidades de Representantes de Personas con Discapacidad, se debe "al colapso de los servicios de la Junta encargados de su valoración y resolución, a la pandemia y a una sentencia del Tribunal Supremo que no les permite ya utilizar el reconocimiento de 33% de discapacidad de la Seguridad Social, para ahorrarse trámites".
Un retraso que cercena sus derechos a optar a alguna de las plazas que se reservan para ellos en las ofertas públicas de empleo o a otro tipo de beneficios fiscales o tratamientos. Todo por "la falta de personal en los CADEX, los Centros de Atención a la Discapacidad de Extremadura, y a la pandemia". Así lo contaba Jesús Gumiel, presidente de CERMI en la Comunidad en el programa Primera Hora. De ahí su demanda de "un tercer CADEX en el área de Don Benito-Villanueva de la Serena", los centros que se encargan del reconocimiento y valoración de la discapacidad.
También han pedido al Gobierno que legisle para "retomar la equiparación del 33 por ciento de discapacidad que reconoce la Seguridad Social y eliminó el Tribunal Supremo". Una sentencia que ha contribuido al colapso en las valoraciones. Un requisito indispensable, por ejemplo, para solicitar al ayuntamiento la tarjeta que les permite aparcar en las plazas reservas para personas con movilidad reducida.
Por lo demás, el ministerio ha actualizado el catálogo de productos ortoprotésicos que "incluye 380 nuevos productos, que mejorará su autonomía, y deberá entrar en vigor en seis meses". Entre ellos "una nueva silla de ruedas adaptada a las personas más activas". Un avance importante para CERMI. En Extremadura hay 90.000 personas con alguna discapacidad reconocida.
