El Consejo de Gobierno ha dado hoy luz verde a un decreto ley por el que se regulan ayudas excepcionales, derivadas de la sequía, a titulares de explotaciones agrícolas del sector del tomate. Sus explotaciones deben pertenecer a la zona regable oficial del Canal de Orellana.
La medida tiene un presupuesto de 2.100.000 euros y está financiada con fondos propios de la Comunidad Autónoma. Recibirán una cuantía máxima de 400 euros por hectárea los agricultores con recintos declarados y validados de barbecho en 2022 en aquellas superficies SIGPAC que fueron declaradas y validadas para el cultivo del tomate en la campaña 2021.
Asimismo, van destinadas a los titulares de explotaciones agrarias con recintos declarados y validados de cultivos diferentes a barbecho, arroz, maíz y cultivos permanentes en 2022 en aquellas superficies SIGPAC que fueron declaradas y validadas como cultivo de tomate en la campaña 2021. En este caso la ayuda será de 300 euros por hectárea.
En total se beneficiarán unos 700 agricultores de la zona. Juan Antonio González, el portavoz de la Junta, ha avanzado que el próximo viernes la consejera del ramo ofrecerá más información sobre esta nueva medida a las organizaciones profesionales en el Consejo Asesor Agrario.
