Revolución en los consistorios municipales por el inicio del bautizado como "basurazo". Se trata de un nuevo impuesto a la recogida de residuos que nace en una norma estatal, de 2022, que traspone una directiva europea. Allí, en Bruselas, el texto legislativo tuvo apoyo unánime de populares, socialistas y resto de partidos.
Las objeciones han venido cuando la norma ha llegado a cada casa.
"Tienen mucha cara, no tienen por qué cobrarlo. ¿Qué pasa, el ayuntamiento no tiene ahora dinero?"
Lo cierto es que se trata de un impuesto que se tiene que cobrar, sí o sí, porque lo dice la Unión Europea, no Moncloa o cada ayuntamiento. De hecho, muchos consistorios locales como Almendralejo, Mérida o Lobón ya lo tienen en vigor, y además diferenciándolo, en el cargo al ciudadano, de otros tributos.
"Es que hay que pagarlo", nos cuenta un vecino de Lobón, "nosotros lo pagamos con el agua cada dos meses".
No puede repercutir en el inquilino
Además, es importante recalcar que es un impuesto para los dueños de las casas, no para los inquilinos, que no deben permitir que los propietarios lo añadan al alquiler. La idea de la Unión Europea está en la economía circular: quien contamina, paga.
"Tendrían que hacer lo mismo con las petroleras y armamentísticas, no sólo con las unidades familiares"
El ayuntamiento de Badajoz, por ejemplo, lo incluyó dentro del IBI ya en los años 90, con Manuel Rojas como alcalde. Pero ahora debe sacarlo de ahí y diferenciarlo, y por ello plantea rebajas del IBI.
Nos lo ha detallado el concejal Javier Gijón: "El dinero tiene que estar en el bolsillo de los ciudadanos", afirma a Canal Extremadura, "queremos rebajar la presión fiscal bajando el IBI".
Temen subidas de hasta el 150%
Las organizaciones de consumidores prometen estar vigilantes para que los ayuntamientos no aprovechen para subir el impuesto. Ahora la tasa de los que ya tienen en vigor el impuesto sólo cubre el 40% del servicio y temen subidas de hasta el 150%.
Lo apunta así José Manuel Núñez, de FACUA Extremadura, que recuerda que Badajoz ya ha tenido una fuerte subida de la tasa de agua.
Un impuesto que, antes de implantarlo, necesita ser aprobado en las ordenanzas fiscales de cada municipio.
