La Confederación Europea de Sindicatos (CES) ha instado este miércoles a la Comisión Europea a acelerar un marco normativo europeo sobre teletrabajo, con el objetivo de evitar que los trabajadores asuman costes o pierdan derechos, después de que Bruselas haya recomendado, entre otras medidas, el fomento de esta modalidad laboral como vía para ahorrar energía.
La organización sindical considera que esta recomendación, planteada en el contexto de las iniciativas para contener la demanda energética, puede contribuir al ahorro, pero advierte de que no debe hacerse a costa de los derechos de los trabajadores ni suponer que asuman los gastos derivados del teletrabajo, especialmente en un escenario de subida de los precios de la electricidad.
En este sentido, la CES reclama a la Comisión que concluya “con urgencia” la legislación sobre teletrabajo, tras la segunda fase de consulta lanzada el pasado verano, y que esta incluya garantías como el respeto efectivo al derecho a la desconexión digital fuera del horario laboral. Asimismo, defiende que los empleadores asuman todos los costes asociados al trabajo en remoto, como equipos, conexión a internet o consumo energético, y que se garantice que los trabajadores que teletrabajan mantengan los mismos derechos que los presenciales en ámbitos como salario, formación profesional o salud laboral.
Los sindicatos alertan además de los riesgos de un uso intensivo del teletrabajo sin un marco claro, citando estudios de la propia Comisión Europea que apuntan a un incremento de la carga laboral, de la disponibilidad fuera del horario de trabajo y de los conflictos entre vida profesional y personal. Según los datos recogidos por la organización, quienes trabajan habitualmente desde casa tienen hasta cuatro veces más probabilidades de hacerlo en su tiempo libre, una situación que —advierten— afecta en mayor medida a las mujeres.
La CES subraya que el teletrabajo no debe reforzar desigualdades, como las cargas de cuidados no remuneradas, ni derivar en prácticas de control excesivas por parte de las empresas, y reclama que cualquier sistema de supervisión sea legal, proporcionado y respetuoso con la protección de datos y los convenios colectivos. En paralelo, la agrupación sindical pide a la Unión Europea complementar estas medidas con políticas más amplias para proteger el poder adquisitivo y el empleo, como el control de los precios energéticos, el uso de herramientas de gestión de crisis o inversiones en eficiencia energética.
La reacción sindical llega después de que la Comisión Europea haya instado a los Estados miembros a reducir la demanda energética, incluyendo el impulso al teletrabajo, ante la alta volatilidad de los mercados energéticos derivada del conflicto en Oriente Próximo.
