La nueva Ley de la Cadena Alimentaria introduce medidas para impedir que los precios que se pagan a los agricultores sean más bajos que los precios de producción.
Entre las nuevas normas, se introduce la obligatoriedad de un contrato por escrito entre el agricultor y el proveedor, excepto cuando la transacción sea inferior a mil euros o se pague al contado. Y además, añade el director general de la PAC, Javier Gonzalo, "tienen que estar en un nuevo registro digital oficial e incluir el cálculo del coste de producción para que no se pueda pagar por debajo del coste de producción al agricultor".
También se establecen medidas para que en los sucesivos escalones por los que pasa el producto no puede bajarse el precio, evitando la venta a pérdidas.
Miguel, un agricultor contra la especulación
Antes de esta nueva ley, los agricultores han tenido que buscar alternativas a la caída constante de los precios. Entre ellos, Miguel Pozo, agricultor y gerente de Naranjas de Montijo. Hace unos años decidió realizar él mismo todos los pasos para eliminar a los intermediarios.
Recoge las naranjas de los 5.400 árboles de su finca de 10 hectáreas, unos 500.000 kilos al año. Las limpia en su nave, donde se envasan, y las distribuye en el día a diferentes establecimientos. Recuerda que "entonces pagaban entre 12 y 14 céntimos el kilo y a mi producir me costaba más; la solución era esto, o arrancar los naranjos o hacerlo directamente yo para no depender de ningún intermediario"
"La solución era hacerlo yo para no depender de intermediarios o arrancar los naranjos"
Pero cuando se trata de un pequeño agricultor es más difícil. Por eso, desde Asaja piden que la ley se cumpla. Así lo reivindica su presidente, Juan Metidieri: "Lo que se tienen que comprometer ahora es todos los gobiernos, central y autonómico en fijar de una vez por todas esos costes de producción."
La ley también incluye sanciones, así como un organismo de control, la AICA, para vigilar que todas las normas se cumplan.