Para mantener sus alianzas en el Congreso, Pedro Sánchez retoma las negociaciones con los vascos sobre la transferencia de competencias, y con los catalanes para cerrar la financiación singular. Algo que no ha gustado al resto de comunidades autónomas.
La reunión del próximo lunes entre Gobierno y Generalitat ha levantado ampollas entre las regiones que se nutren de la caja común. Especialmente, en las gobernadas por el PP como Extremadura.
Desde la Junta critican que el Gobierno de Sánchez, al que acusan de desleal, rompa el principio de igualdad entre territorios para pagar, dice, los favores del separatismo. Argumentos que comparten desde el PP:
"Los socios separatistas le van a pasar la factura, como cobrador del frac, de los siete votos que lo mantienen en la Moncloa"
Y echan en cara a los socialistas extremeños su "sumisión" a Sánchez. Un reproche en el que coincide Vox:
"El PSOE de Extremadura aplaudiendo este robo manifiesto"
Unidas por Extremadura mantiene el tono crítico y llama a cambiar el modelo de financiación con una negociación multilateral.
"Necesitamos un sistema de financiación autonómica que avance hacia una equidad en la justicia territorial"
De sanas califican los socialistas extremeños las reuniones bilaterales. También la ha tenido María Guardiola, recuerdan, a quien acusan de romper el consenso para que Extremadura tenga una sola voz en financiación.
"La postura del PSOE de Extremadura es la misma de siempre: que estén los servicios públicos suficientemente financiados en todos los territorios, con sus singularidades o peculiaridades"
Es lo que asegura también el Gobierno, que defiende la cooperación con Cataluña. La cesión de los impuestos se contemplaba en el pacto con Esquerra para la investidura de Salvador Illa hace un año. Gestionaría 52.000 millones de euros, en un horizonte aún por concretar.